Desde el rincón donde se encuentra mi hogar en mi pueblo palentino observo la rutina diaria de mis convecinos, unos jubilados, intentando activar el cuerpo y el espíritu, y otros trabajando o estudiando, compaginando con sus actividades de ocio y de participación ciudadana -unos más que otros-, que persiguen, entre otros fines, mantener una convivencia entre las personas, en un afán de superación de las dificultades diarias para hacer pueblo, cada uno en la medida de sus posibilidades, con humildad y dignidad. En definitiva, arrimar el hombro, como en los miles de pueblos de nuestro país.
Mientras los vecinos de los pueblos -también de las ciudades- cumplen como ciudadanos en sus quehaceres diarios, el discurso y los hechos que nos llegan desde los gobernantes nacionales -también de otras instituciones territoriales- es alarmante, sobre todo en las formas de gestionar, con falta de humildad y muy ideologizadas, lo que deriva en un distanciamiento cada vez mayor entre el administrador público y el ciudadano administrado, que demuestra un creciente hartazgo, entre la indiferencia social o el apoyo explícito a postulados extremos (llámese ultraderecha, sobre todo, o ultraizquierda, cada vez menos), cansados de tanta verborrea política desde la nueva izquierda, que ha dejado de ocuparse de los trabajadores, a los que regala los oídos con medidas sociales que, al ejecutarse, no lo son tanto (subvenciones, subsidios…), o con subidas salariales y reducción de jornadas -aspiraciones justas, por otra parte-, pero aplicadas sin el consenso con los que contratan y pagan -la inmensa mayoría pequeños empresarios y autónomos-, que si no reciben incentivos pueden verse inmersos en cierres de negocios. 
Y en un marco donde cada vez más ciudadanos se sienten engañados con discursos, relatos y doctrinas que atacan la libertad individual en favor de una libertad colectiva sumisa, retorciendo términos como igualdad, paridad, feminismo, antifascismo… Con tanto exagerar estos conceptos se está desnaturalizando su finalidad y su práctica política útil para el ciudadano, que se siente utilizado al extremo.
El presidente Sánchez consiguió formar gobierno en esta legislatura fallida -no consiguen acuerdos de interés general para los ciudadanos, como la falta de presupuestos-, con el apoyo exiguo de los independentistas, que cuestionan permanentemente la existencia constitucional del Estado español, con ensoñaciones separatistas y frivolidades políticas que a este PSOE sanchista y debilitado le deben hacer gracia, porque se lo permiten para seguir en el poder. 
Llevamos casi dos años en un permanente bucle -desde las promesas que luego se transformaron en cambios de opinión, como los indultos o la amnistía a los condenados independentistas que incumplieron la ley, hasta las derivas contra la igualdad entre españoles, concediendo más y mejor financiación a las comunidades autónomas de sus socios separatistas en perjuicio de las demás-, que se ha agravado por los supuestos casos de corrupción, con evidencias cada vez más demostradas, del entorno del presidente del Gobierno, que sigue impávido, alejado de la gente de la calle, la cual le asusta, con su esposa y su hermano imputados por la Justicia, que pretenden controlar a través de maniobras políticas y administrativas, muchas de ellas de distracción, porque no pueden ir a más, coaccionando directamente a jueces y periodistas; sin obviar el vodevil del fiscal general del Estado, también imputado -como otros cargos próximos al Gobierno-, que quizá no sea un delincuente, pero que lo aparenta él mismo con su forma de actuar.
Sumando lo que llevamos de la actual legislatura, el Gobierno de coalición del PSOE y de Podemos -antes- Sumar -ahora- lleva casi siete años en el Gobierno, aunque parece que los problemas como el desempleo o la vivienda, sobre todo entre los jóvenes, no va con sus ministros, que permanentemente echan la culpa a la oposición y a las comunidades autónomas, que muchas de ellas alivian a sus ciudadanos, por ejemplo, con medidas incentivadoras para el crecimiento de su territorio, mayoritariamente rural, y con bonificaciones a la creciente subida de impuestos del Ministerio de Hacienda a todos los sectores, independientemente de sus ingresos.
Ante la actual legislatura fallida y que durará lo que quiera el presidente -si la Justicia no cambia su rumbo-, éste está a tiempo de gestionar mejor los servicios públicos y poner cordura institucional y dignidad en su forma de actuar y la de su Gobierno, ponderando siempre sus responsabilidades constitucionales, no sea que el hartazgo ciudadano contribuya a desestabilizar nuestra democracia.