Mañana viernes, 6 de diciembre, día festivo nacional, se cumplen cuarenta y seis años del referéndum para aprobar la Constitución de 1978, con el objetivo de recordar el valor y la importancia de la Constitución como símbolo de la convivencia, la libertad y la democracia, en unos tiempos como los actuales donde parece que se está perdiendo ese espíritu en nuestra sociedad, inducido gran parte desde el ámbito de la política y de las instituciones nacionales.
En aras de esta convivencia, libertad y democracia que necesitamos y merecemos como ciudadanos españoles, me permito aquí recordar un poco de historia reciente. La Constitución fue el resultado de un largo proceso de transición política y su aprobación se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura del general Franco. Tras la celebración de las primeras elecciones generales en 1977, los partidos políticos representados se comprometieron a elaborar una nueva constitución que reflejara el consenso y la pluralidad de la sociedad y que garantizara el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho. 
Entonces se creó una comisión en las Cortes -integrada por siete parlamentarios de reconocido prestigio, conocidos como los padres de la Carta Magna-, de diferentes partidos políticos (izquierda, centro, derecha) que, tras largas, difíciles e intensas reuniones y negociaciones, consiguieron ponerse de acuerdo, con espíritu de consenso y sentido de Estado, para pactar un texto que sacaría a nuestro país de la etapa franquista. La norma fue ratificada por la población española en el referéndum de 1978 con un 87,78% de los votos. El espíritu de consenso con el que nació la Constitución seguirá siendo la garantía de su vigencia futura y del estado democrático al que dio soporte. En su Título Preliminar señala que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y declara que España es una monarquía constitucional y propugna los valores esenciales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; también establece la separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, en el Título Primero se refiere a los derechos fundamentales: entre otros, en la esfera personal, el derecho a la vida, al matrimonio, a la propiedad; en el ámbito público, la igualdad de los españoles ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la información, y el ámbito socioeconómico, la educación libre y gratuita, la libertad de sindicación o el derecho a la huelga…
Sin embargo estamos muy lejos del nivel de consenso al que se llegó aquellos años. Por mucho que la Constitución esté en boca de los políticos, la sensación es que mucha gente -especialmente los más jóvenes- han perdido la perspectiva y se han olvidado de la historia reciente que ha devenido en nuestra sociedad del bienestar. Varios estudios de opinión señalan que muchos jóvenes no conocen o no se sienten identificados con la Constitución, aunque muchos de ellos sí comparten que la Constitución debe impartirse en los colegios de forma obligatoria, no solo como un hecho histórico más. 
Hoy muchos colectivos socioeducativos y políticos reclaman que la Constitución Española no sea solo una materia transversal en los colegios, sino que tenga una asignatura propia en Primera y Secundaria, con el fin de formar a nuestros hijos y nietos en la cultura democrática y los valores constitucionales.
En el contexto político actual, donde impera el frentismo -incluso desde las instituciones nacionales, no solo desde los partidos- y la falta de consenso para abordar los grandes retos sociales y económicos como país, es necesario más que nunca el espíritu de convivencia de la Constitución.  No se entiende que determinados partidos de izquierda renieguen de la Transición que dio paso a la Constitución, cuando fueron sus antecesores quienes reclamaron en la clandestinidad la reconciliación y la concordia entre españoles, y apoyaron la Carta Magna.
El periodista Juan Fernández-Miranda, autor del libro Crónica del proceso político que transformó España, ha declarado que muchos de los cuestionamientos de la Transición son fruto de la clase política actual, un colectivo que «ha ido degenerando» sustancialmente, mientras que «la Transición es fruto de una generación de políticos excelente en un momento excelente, en el que el servicio de Estado estaba por encima de intereses personales».