Cuando el presidente Sánchez conoció el mal resultado para el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 -donde el PP ganó en la mayoría de los municipios y autonomías, que representan más del setenta por ciento de la población-, al día siguiente convocó elecciones generales, celebradas en pleno verano, donde volvió a ganar el PP de Alberto Núñez Feijóo (137 diputados) -también con mayoría absoluta en el Senado- al PSOE de Pedro Sánchez (120 diputados).
Al no conseguir Feijóo ser investido con mayoría suficiente, Sánchez decidió optar a la reelección con una mayoría exigua apoyada por la izquierda y los partidos nacionalistas e independentistas, incluidos los imprescindibles siete votos de Puigdemont, prófugo de la Justicia, quien forzó para ello a Sánchez a negociar una Ley de Amnistía -autoamnistía para el prófugo- que, como poco, roza todas las líneas rojas del Estado de derecho; amnistía que el propio PSOE había negado hasta ese momento, pero que la justificaba después «por la convivencia en Cataluña»… Hasta ahora.
En este año de legislatura fallida, con mucho ruido y pocas nueces, Sánchez está llevando a España a un viaje a ninguna parte: ha arrastrado a su partido a aceptar una amnistía para mantenerse en el poder, rechazando cualquier acuerdo de Estado con el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, el PP; en cambio sí ha compadreado con los partidos de ultraizquierda e independentistas, que cuestionan permanentemente el actual Estado constitucional español, para garantizarse seguir de presidente; estableciendo desde el primer momento muros contra la oposición, que se ha opuesto a la amnistía -también rechazada por la mayoría de la sociedad, a la que debió consultar, por ejemplo, en referéndum-, pero también contra jueces y fiscales que cuestionan dicha ley, o contra periodistas y medios de comunicación…
En este convulso período Sánchez ha estado más pendiente de seguir en el poder -él lo ha llamado «resistir»- que de gobernar para todos los españoles. Y encima surgen informaciones periodísticas, denuncias e investigaciones judiciales contra supuestas actuaciones irregulares de su entorno familiar, sin olvidar las investigaciones por supuesta corrupción del caso Koldo, que afecta a varios ministerios de su Gobierno…
Con este panorama Sánchez lleva varios meses bloqueado, sin dar explicaciones -en el Parlamento o en ruedas de prensa abiertas y transparentes, como debiera ser normal; en cambio publica cartas tendenciosas y descalificadoras- ni rendir cuentas a los ciudadanos, que es su obligación como presidente del Gobierno de España, el primero que debiera dar ejemplo.
Han pasado las elecciones europeas y el PP vuelve a ganar -Sánchez nunca ha superado a Feijóo en unos comicios de ámbito nacional-, en la inmensa mayoría de las provincias y comunidades autónomas. A pesar de seguir perdiendo votos -y sus socios más- y el respaldo de la mayoría de la sociedad, el presidente sigue enrocado en el poder -resistir no es gobernar-, utilizando con malas formas las instituciones, con prepotencia y chulería. Incluso anuncia que presentará un plan de regeneración democrática: él que aprueba una ley de amnistía de dudosa legalidad; él que establece muros contra la oposición; él que lanza mensajes contra jueces que cumplen su función constitucional y contra periodistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de información.
Y mientras Sánchez se enreda en sus cuestionadas acciones y colaterales -anteponiendo muchas veces sus intereses personales a los de la nación, insisto, sin dar explicaciones-, los ciudadanos -cada vez con menos poder adquisitivo- sufren la falta de acción de su Gobierno, cada vez menos sólido, sin mayoría garantizada por un Parlamento que le impide aprobar iniciativas; tampoco intenta siquiera aprobar los Presupuestos Generales del Estado, fundamentales para garantizar los servicios públicos, favorecer la economía, el emprendimiento y la creación de empleo.
Cada vez con más rechazo electoral, el presidente se empeña seguir haciendo su viaje a ninguna parte. Se ha hipotecado con un personaje nada fiable, como el prófugo Puigdemont, en perjuicio de toda la sociedad española, monopolizando la legislatura con la amnistía, en aras de una convivencia ficticia, ley que ahora está pendiente de lo que diga la Justicia y que no ha servido para que en el Parlamento catalán rectifiquen, sino que siguen con su discurso anticonvivencia, sin respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y, además, Sánchez no tiene garantizado que Cataluña vaya a tener de presidente a su candidato socialista.