El porcentaje de personas que vuelven a sus pueblos de origen en Castilla y León ha aumentado desde 2022 en cinco puntos porcentuales, hasta alcanzar el 16,2% del total de los residentes. Este es uno de los principales resultados del segundo barómetro de despoblación del medio rural, elaborado por la Fundación España Habitar. Según este estudio de 2024, las razones por las que los residentes no quieren irse del pueblo -motivos que coinciden con las personas que se vuelven de la ciudad al pueblo- se refieren a aspectos muy valorados por los habitantes del medio rural en general y por los jóvenes en particular, como la proximidad con la naturaleza, la calidad de vida, la salud emocional o la reunificación familiar.
Interesante análisis sobre la evolución de la despoblación -cuyo éxodo rural se agudizó en los años 50 y 60 del siglo pasado, aunque los últimos datos demográficos muestran un cambio moderado de tendencia- por el desencanto de vivir en la ciudad, unido a la calidad de vida en el medio rural. Con ser moderadamente positivos estos datos, la satisfacción de volver al pueblo tiene que corresponderse con acciones público-privadas acordes a nuestra comunidad autónoma, muy atomizada en núcleos de población pequeños. 
En Castilla y León instituciones de proximidad como la Junta, las Diputaciones y los Ayuntamientos -con la colaboración de asociaciones y colectivos de desarrollo rural- llevan varios años consolidando un itinerario de responsabilidad pública en el empeño de tener servicios básicos de calidad y establecer un marco favorable para el emprendimiento y el empleo en el medio rural. Conviene destacar iniciativas coordinadas entre estas entidades -que tienen que ser más ambiciosas-, como medidas para la formación y la adaptación a las nuevas oportunidades de empleo, o programas de acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes, a través de programas como Rehabitare, que es necesario implementar con incentivos a particulares para alquilar sus viviendas de los pueblos; o el transporte a la demanda, esperando se materialice el reto público de que llegue el autobús a todos los pueblos; sin olvidar iniciativas para dinamizar el patrimonio cultural y natural, de repercusión turística y económica; o las oportunidades de empleo en servicios sociales; además de facilitar la captación y el retorno de población residente en otros lugares, etc. 
Pero nuestras instituciones de proximidad se topan casi siempre en las últimas décadas, sobre todo con el actual Gobierno, por sus políticas o acciones que no favorecen a los ciudadanos. Empezando por su falta de interés para desarrollar una financiación autonómica que aborde el hecho diferencial de la extensión de Castilla y León, con dispersión poblacional y envejecimiento, que ayude a una financiación adecuada de sus servicios públicos y dotacionales, sin quebrar la cohesión territorial y el principio de igualdad entre los españoles. El Gobierno de Pedro Sánchez favorece con discrecionalidad a comunidades como Cataluña o el País Vasco para mantenerse un rato más en el poder a cualquier precio, apoyándose en partidos que muestran con descaro su desprecio por el Estado y adoptando decisiones que en nada favorecen a la mayoría de los españoles, sobre todo a los que viven en el medio rural.
El Gobierno -empeñado en subir los impuestos a la clase media, los autónomos y las pymes, que generan más del 90%  del empleo, en un marco insostenible y muchas veces injustificado del gasto público y con un incremento casi crónico de los precios en alimentos y bienes básicos- debe y tiene que abordar ya con rigor y responsabilidad la financiación autonómica y una fiscalidad diferenciada que favorezca a las personas que viven o quieren vivir en el medio rural, y debe y tiene que colaborar financieramente en iniciativas ya en marcha de la Junta, con Diputaciones y Ayuntamientos, como deducciones fiscales sobre vivienda rural, incremento de la natalidad, u otras que favorezcan el emprendimiento y el empleo, como al sector agropecuario, motor de vida en los pueblos, a pesar de las políticas, incluidas ambientales, que repercuten negativamente en su productividad y rentabilidad.
A muchos representantes institucionales y sociales les encanta hablar de la 'España vaciada', una denominación equivocada, por respeto a las personas que viven todo el año en los pueblos; prefiero que se denomine 'España olvidada'. Denominaciones aparte, lo importante es reivindicar que reviertan esta situación, empezando por el Gobierno, que tiene la sartén por el mango, y sigamos volviendo al pueblo.