«Gracias por escucharnos, Majestad». «Que sigan apoyando a la gente». «Que vayan más a las zonas afectadas». «Que no se olviden de nosotros y nuestra situación». Éstas y otras frases se pudieron escuchar de vecinos anónimos de los pueblos afectados por las graves inundaciones habidas en las provincias de Valencia y Albacete. Frases dirigidas a los Reyes de España, Felipe y Letizia, que esta semana han vuelto a visitar dichos pueblos para acompañar y dar esperanza a los miles de ciudadanos afectados, afligidos por las víctimas y que ven con incertidumbre su futuro.
El Rey, como máximo representante del Estado, mantiene una relación directa y afectiva con la ciudadanía, sin que parezca que los organismos intermedios, que deben empatizar, gobernar y acordar soluciones a los problemas diarios, en este caso la urgencia de la DANA, estén dando la talla. Desde el primer día de la riada fallaron tanto el Gobierno valenciano como el Gobierno de España. Sendos ejecutivos tendrán que dar en su día explicaciones sobre la falta de medidas preventivas (escasas actuaciones de limpieza y control de cauces en los ríos y barrancos, o la falta de atención y de coordinación ante la emergencia a la hora de transmitir alertas a la población…), pero también por la tardanza -tendría que haber sido en horas y no en varios días- en enviar al Ejército y los servicios de protección civil o de seguridad del Estado. 
Ninguna comunidad autónoma -en este caso la valenciana- está preparada para gestionar una emergencia de esta magnitud, que ha afectado a trescientas mil personas de más de cincuenta municipios. Como ha señalado esta semana uno de los fundadores de la UME, el general Montenegro, desde el primer día el Gobierno nacional debió activar el nivel 3 de emergencia nacional y hacerse cargo de la coordinación de todos los organismos y servicios de protección ciudadana: militares, guardias civiles, policías, bomberos…, incluso coordinar la multitud de voluntarios de toda España para gestionar y canalizar mejor sus ganas de ayudar. «No puede ser que haya habido ciudadanos que han tardado diez o doce días en recibir ayuda del Estado. En una emergencia hay que ir mucho más deprisa», ha declarado Montenegro, para quien las labores de rescate de personas y normalización de los pueblos «debería haberse completado en una semana» -ya llevamos tres-, para dedicarse ya a la reconstrucción.
Pero el Gobierno no ha dado la prioridad necesaria a esta tragedia. En vez de dedicarse en cuerpo y alma a acompañar y atender sobre el terreno a los afectados, el presidente y sus ministros -en coordinación permanente con todos los medios estatales necesarios y en colaboración con la Comunidad valenciana que, al margen de su ineptitud y arrogancia, sigue coordinando muy solo esta crisis, que debió asumir el Gobierno- han preferido mantener sus agendas porque, quizá, han considerado más urgente -aunque parezca demagógico recordarlo ahora- acordar con sus socios un mayor control de la radio y televisión públicas, o mantener reuniones maratonianas para ver si suben los impuestos, o si la ministra Ribera es elegida vicepresidenta de la UE, o desviar la atención sobre imputaciones por corrupción… O estar más pendiente de garantizarse continuar un rato más en el poder… Todo esto podía esperar o delegarse. Lo importante ha estado y sigue estando en las zonas afectadas. 
El presidente y sus ministros tendrían que estar física y diariamente en los pueblos afectados, preparando la reconstrucción con todos los medios estales, junto a la comunidad autónoma y las entidades locales, acompañando, escuchando y dando esperanza, como hacen los Reyes con los ciudadanos: «Venimos a escuchar, a estar con los damnificados, a compartir, a seguir manteniendo la atención…», señalaba Felipe VI a los periodistas, a la vez que pedía a todas las administraciones que trabajen unidas, «que instituciones y sociedad actúen al unísono, poniendo el foco en la ayuda a los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas».
El propio Rey está indicando el camino que los gobernantes y políticos deben tomar, sin reproches, con acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos, que debe impulsar el presidente, con un gran sentido de la responsabilidad institucional y con humanidad, dando esperanza a las personas afectadas, que necesitan grandes ayudas económicas directas y urgentes -sin dar rodeos a través de préstamos- para reconstruir sus proyectos de vida.