Nuestros hijos y nietos han tenido la suerte de vivir en el confort que les proporcionó el desarrollo en democracia que vivimos las familias durante los últimos cincuenta años en un país que disfruta de las libertades y valores que garantiza la Constitución, que generó una clase media -hoy demediada- para vivir con cierta dignidad y en un Estado de bienestar que también se ocupó de atender a los más necesitados; pero ese confort y valores legados a las siguientes generaciones no ha acompañado lo suficiente el impuso al valor de ser ciudadanos con conciencia crítica, que valora por sí mismo lo bueno o malo de la sociedad. Esta falta de conciencia crítica individual, en favor de una conciencia acrítica colectiva -influida negativamente por la demagogia y el populismo-, nos lleva a asumir con demasiada normalidad y apatía los cambios de opinión sin justificar de la clase política para seguir en el poder.
El actual Gobierno está tomando decisiones contrarias a lo que anunciaba en elecciones, sin ofrecer informaciones veraces ni transparentes a la sociedad -solo se refugia en sus apoyos de partidos minoritarios, con intereses muy localistas, con el único objetivo de seguir en el poder-; sin explicar con rigor por qué ha cambiado de opinión en temas tan sensibles como la amnistía, la financiación autonómica o ahora la rebaja de penas a los asesinos etarras, además de otras decisiones económicas y sociales que están perjudicando a la mayoría de los ciudadanos.
Algunas de estas acciones políticas -del Gobierno y sus socios por impulsarlas con nocturnidad y alevosía, pero a veces también de la oposición por su pasividad o incompetencia- derivan en decisiones como el reciente acuerdo unánime de aprobar una enmienda que rebaja penas a los terroristas de ETA. En un ambiente de frentismo político, mediático y social, entre unos y otros se contribuye a olvidar nuestra reciente historia y crear un clima de insensibilidad política con los ciudadanos que vivimos aquellos difíciles años de terrorismo en España, pero sobre todo una injusta insensibilidad moral y humana con el sufrimiento de las víctimas.
Conviene recordar que la inmensa mayoría de los asesinatos de ETA (el 80% de las más de 850 personas fallecidas) se produjeron después de la muerte del dictador, en una España que construía un Estado de Derecho y de libertades públicas; sin olvidar los 2.600 heridos y casi 90 personas secuestradas. Y los etarras encarcelados fueron condenados con todas las garantías judiciales y democráticas. Esos años vivimos un terrorismo sin excusas en un país democrático.
¿Entonces, qué explicación da el Gobierno para impulsar, sin transparencia, y apoyar este trato de favor a los presos etarras, sin tener en cuenta el dolor y clamor de las víctimas del terrorismo -ni de la mayoría de la sociedad-, impostando declaraciones con excusas inverosímiles y mostrando una falta de sensibilidad moral impensable en nuestra escala de valores? ¿Por qué el Gobierno ha cambiado de opinión, sobre todo ante las víctimas, a quienes les aseguró lo contrario de lo que se ha decidido ahora?
Está claro, el PSOE necesita cumplir el pacto con los separatistas de Bildu para mantener al presidente Sánchez en el poder -como sucede con los independentistas catalanes al acordar la amnistía o la financiación autonómica-, sin parecer importarle el dolor de las víctimas, ni incluso las de asesinados de su propio Partido Socialista, como Fernando Múgica o Ernest Lluch, entre otros, sin olvidar a militantes del PP como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez.
¿Acaso el PSOE actual -acrítico y sectario para complacer a su líder, que está dilapidando el gran capital político heredado del PSOE de entonces- tampoco tiene sensibilidad moral ni con los suyos? Sonroja la defensa que hace el Gobierno y su partido al justificar públicamente el apoyo a esta reforma legal, que rebaja condenas a los terroristas, tergiversando un supuesto acuerdo europeo sobre corrección de desigualdades entre ciudadanos. ¡Qué falta de respecto a los ciudadanos hablar de igualdad con terroristas condenados! Lo que dejó claro el Parlamento Europeo en 2022 es considerar las matanzas de ETA como crímenes de lesa humanidad y exigir el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos que aún no tienen respuesta.
Si el Gobierno no da marcha atrás, contribuirá, una vez más, a deteriorar la convivencia de nuestra sociedad democrática, demostrando insensibilidad política y moral hacia las víctimas.