A pesar de que las previsiones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que auguran una leve pérdida de población en los próximos quince años en amplios territorios rurales de España, los datos estadísticos oficiales reflejan que en Castilla y León, tras una fuerte caída de población en los últimos diez años, ha conseguido revertirlo desde 2022, cuando se produce un moderado repunte, que sitúa a la población de nuestra Comunidad en 2.389.959 personas.
La despoblación y sus consecuencias más preocupantes son el resultado de trasformaciones sociales y económicas estables como los hábitos de fecundidad o preferencias por la vida urbana. El descenso de población es un problema global, que impacta en todos los niveles administrativos y territoriales, pero se agrava en los territorios de interior y rurales de España, también de Europa. 
Es imprescindible que las administraciones públicas lleven a cabo una fuerte inversión económica y política. Es urgente de que exista un pacto de Estado impulsado por el Gobierno para recuperar  población en el medio rural que, a decir de los expertos, ofrece oportunidades de futuro y calidad de vida, pero con mejores servicios públicos y mejores condiciones para la vivienda, el emprendimiento y el empleo.
Recientemente se ha celebrado en Aguilar de Campoo un congreso que ha dado a conocer a representantes de las instituciones nacionales y europeas, además de a representantes de empresas y colectivos de desarrollo rural,  todos los detalles de la Estrategia de Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León, impulsada por la Junta y  desarrollada por las cuatro universidades públicas de la Comunidad, para dar respuesta a las consecuencias negativas de las transformaciones demográficas a las que nos enfrentamos. Esta estrategia es un documento participado, resultado del trabajo de muchos investigadores, profesionales y, sobre todo, del compromiso y voluntad de los ciudadanos de Castilla y León representados por sus instituciones y también por personas, empresas y asociaciones que trabajan en el territorio.
En este congreso, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció en el plano normativo que en pocos meses se presentará a las Cortes una ley de desarrollo poblacional y rural. 
Asimismo, Suárez-Quiñones remarco que en esta legislatura se ha creado el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, para que sirva como cauce de colaboración entre las instituciones, personas y agentes sociales de la Comunidad. 
Con este marco, en el plano inversor, en los Presupuestos Generales de la Comunidad de este año, ha destinado un importe superior a 2.300 millones -a través de acciones transversales de las consejerías- para 676 proyectos de inversión que incidirán en los aspectos demográficos y territoriales que originan la situación actual: para servicios sociales y educativos; para facilitar la implantación de empresas en zonas rurales y el acceso al emprendimiento y al empleo; para infraestructuras; para creación y promoción de nuevas viviendas para vender y/o alquilar, o para mejorar las condiciones de vida de la población inmigrante y facilitar la captación y el retorno a Castilla y León.
Ha de haber singularidad en la financiación para todos, con especial atención a los territorios del medio rural, como ha establecido la Comisión Europea, que ha aprobado importantes acciones y dinero público que posibilite crear oportunidades en los pueblos para mantener población y atraer nuevos habitantes jóvenes.
Pero el Gobierno de Sánchez, en vez de aplicar con eficiencia y rigor este mandato de la UE para el medio rural (servicios públicos, vivienda, incentivos para crear empresas y empleo con incentivos fiscales…), sigue empeñado en acciones para minorías por interés político, en vez de trabajar por el interés general, como no facilitar a las comunidades autónomas la contratación de médicos para este verano, o eliminar paradas de autobuses en muchos pueblos; o no flexibilizar las condiciones para acceder a viviendas, tanto públicas como privadas. 
Por eso es urgente que el Gobierno convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde comunidades autónomas como Castilla y León tengan una financiación adecuada a su territorio -extenso y atomizado-, y dejarse de financiaciones singulares a territorios como Cataluña por el egoísta interés del presidente Sánchez para inyectar la millonada que exige el independentismo a cambio de seguir en el poder, en una legislatura muy inestable.
El Gobierno debe trabajar ya con las comunidades autónomas para posibilitar una financiación singular para todos, con un apartado especial al medio rural.