Recuerdo la suerte que tuve de vivir la Transición de la dictadura a la democracia, construida por el pueblo español, a través de aquéllos magníficos representantes políticos que, con diálogo y consenso, pilotaron la aprobación de nuestra Constitución que garantiza el Estado de derecho, en un marco de justicia y solidaridad, y que ha permitido a España -desde Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy- un desarrollo más o menos equilibrado entre territorios y con unos servicios públicos dignos.

Pero en verano de 2018 llegó Sánchez al poder -con apoyos extremos-, tras una moción de censura contra Rajoy, para erradicar la corrupción (?) y anunciando políticas de justicia y solidaridad (?), aunque gobernó varios años a costa de los presupuestos del PP, a la vez que aprobó leyes que no reclamaba la mayoría de la sociedad y que han empeoramiento la convivencia por las malas formas en su aplicación.

En verano de 2023 Sánchez mantuvo el poder comprando los siete votos del prófugo Puigdemont a cambio de aprobar la cuestionada amnistía -que negó en campaña- para los condenados independentistas, en horas bajas en ese momento. Ha pasado este año intentando justificar la amnistía y poco más, ya que su gestión ha sido casi nula, sin presupuestos que garanticen y mejoren nuestro bienestar. Eso sí, el PSOE y el Gobierno de Sánchez -en un contexto de sospechas judiciales- atacan a diestro y siniestro, denostando a personajes con 'auctoritas' como Felipe González…

Y en otro verano esperpéntico y humillante para el Estado, Sánchez acuerda con los que repudian a España -sin consultar a nadie, ni siquiera a su partido, cómplice pasivo y acrítico- romper el principio de solidaridad fiscal entre los españoles -lo que amenaza mantener los servicios públicos-, pendiente otra vez del prófugo Puigdemont, que ha llegado medio clandestino para demostrar que manda sobre el presidente del Gobierno -su rescatador- y, por ende, sobre España.