El separatismo que aúpa irracionalmente el Gobierno convierte al resto de ciudadanos en el pagador de todos los aranceles secesionistas. Las CC.AA., y en especial Castilla y León que es la que nos afecta, si no reivindican con fuerza e igualdad un estado de derecho para todos yendo a una en contra de tal desatino, es muy posible que no haya juez ni tribunal que pueda pararlo. Recuerden la historia de aquel día de San Carlos de 1517 en que el rey Carlos I de España y V de Alemania hizo su entrada en Valladolid con brillante armadura sobre un inquieto caballo. Esta ostentosa aparición era extraña para el espíritu de Castilla. Nacido en Flandes, no conocía el español. Rodeado de consejeros flamencos, el canciller Sauvage y Guillermo de Croy semejaban descontento en tierras castellanas y constituían el hecho de masas en el que se inscribe la revolución de las Comunidades. La impresión sobre aquel rey que no hablaba la lengua de sus súbditos y aparecía rodeado de ambiciosos extranjeros era triste. Hoy, otras son las causas del descontento que abarca al conjunto nacional. Entonces, como ahora, están creando un sistema político clientelar para repartirse mandos y riquezas. Aquí no vemos que el Gobierno busque la paz, sino más bien vemos que busca la división social entre españoles, pues forma parte del ambicioso colectivo separatista. En España, hace tiempo que no rige la solidaridad. Querer apaciguar a secesionistas dando más  autonomía produce, a la vista está, efectos contrarios. Una Hacienda catalana sería una barbaridad. Darles impuestos es admitir un modelo confederal. Fedea subraya: «La aportación vasca no está en línea con su renta. El País Vasco tendría que aportar otros 1.500 millones en su pago al Estado para hacer frente a la parte que le corresponde del agujero en el sistema». Sí. Las aportaciones no se corresponden con su renta relativa ni con el tratamiento que reciben otras CC.AA. El chantaje no debe ser sostenido ni impulsado desde ningún Gobierno, y menos, amparado por la ley. No es normal que un Gobierno aspire a que los ciudadanos respeten su autoridad si ese Gobierno no respeta la ley.