La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León insiste, tras el fin del acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de la capital para el servicio de extinción de incendios en la provincia, que los actuales voluntarios distribuidos por los mal denominados parques comarcales «no pueden sustituir a ningún puesto de trabajo de profesionales».
«La Diputación incumple sistemáticamente. Se lo podemos decir más alto, pero no más claro», insiste la plataforma en un comunicado, en el que también afirman que el colectivo «no dramatiza» la situación, sino que ponen sobre la mesa la situación existente.
Arenglón seguido, acusa a la institución provincial de «disfrazar» e identificar a los voluntarios como bomberos, «engañando premeditadamente a sus ciudadanos, haciéndoles creer que disponen de un servicio de bomberos, sin perjuicio de un posible hecho punible, de suplantación de funciones». «No conforman un servicio profesional de extinción de incendios y salvamentos, por mucho que se empeñe la Diputación», añade.
«Hay vidas y bienes en peligro. Es su obligación gestionar adecuadamente y conforme a la legalidad los Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), de su competencia. La nuestra, es prevenir, extinguir y Salvar», indica.
LOGÍSTICA
La Plataforma es clara: ante un incidente, el parque de la capital debería recibir autorización expresa por parte del Ayuntamiento, a través de la concejala de Seguridad, Carolina Nuria Gómez. Una cuestión, que, a su juicio, y desde la experiencia, les dice que «retrasaría la intervención».
En otro orden de cosas, el colectivo sí aplaude la creación de seis nuevas plazas de bombero conductor que la Diputación oferta y que están a la espera de las últimas pruebas. Sin embargo, y a pesar de que la iniciativa «va en la buena dirección», la considera «claramente insuficiente».
También se refiere la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León a otras diputaciones de Castilla y León. En este sentido, invita a la de Palencia a seguir la línea de trabajo marcada por las instituciones provinciales de Valladolid o la de Zamora, aunque sobre esta última asegura que es «mejorable». También propone tomar como ejemplo a las administraciones de León y Ávila «cuyos proyectos iniciales, cumplen con las leyes, la jurisprudencia y con ello la seguridad y bienestar de los municipios».