Hace tres meses el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento que establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior. Ocupa 37 páginas y las puede consultar cualquiera. En su preámbulo indica que los medios de comunicación independientes constituyen un sector de gran importancia económica y en rápida evolución. Nada nuevo, pues. A continuación figura un recordatorio que muchos gobernantes desprecian. Dice así: al mismo tiempo facilitan el acceso a una pluralidad de puntos de vista y a fuentes de información fiables tanto para los ciudadanos como para las empresas, con lo que cumplen la función de interés general de «guardianes públicos». Tal cual, entrecomillado.
El resto, eso sí, conviene leerlo porque entre otras razones en el artículo 4.2 queda explícito que los Estados miembros se asegurarán de que las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales son protegidas de manera efectiva. Los Estados, añade, no adoptarán una serie de medidas (cuatro en total) que en España embelesan a algunos dirigentes políticos y responsables judiciales, tal como se comprueba si se tiene la costumbre de estar informado día a día, contrastando todo. Guiarse por una sola opinión es una imprudencia.
Que el presidente del Gobierno utilice esta norma como punta de lanza de su anunciada regeneración democrática parece inoportuno. Por lo pronto, el Gobierno y sus socios, y algunos miembros de la oposición también, deberían saber que los reglamentos de la UE son de aplicación directa. Queda por conocer qué pretende cambiar en las leyes 1/1982 (honor, intimidad e imagen) y 2/1984 (derecho de rectificación). Por lo demás, el Gobierno puede aprobar lo que le apetezca, sea adecuado o surrealista. Cuenta con apoyos para hacerlo aunque puede sorprender a la ciudadanía con medidas capaces de generar risa. Tanta como la que surge cuando se ve a Israel concursar en Eurovisión, gracias a la Unión Europea de Radiodifusión. Como todo el mundo sabe, Israel es un país centroeuropeo. El Gobierno español también podría innovar aquí. Basta con abrir una edición hispana del Granma cubano que, no nos engañemos, sigue siendo un medio de comunicación progresista y plural.