Un mes después de la DANA que asoló varias comarcas de Valencia, causó dos centenares de muertos y ha conmocionado la vida de cientos de decenas de miles de personas en las zonas afectadas por las inundaciones, que han perdido casas, enseres, recuerdos, empleo y formas de vida, aún no se han depurado las responsabilidades políticas y judiciales derivadas de una actuación catastrófica de las autoridades valencianas, con su presidente, Carlos Mazón, a la cabeza, y las calles de muchos municipios siguen intransitables, los servicios básicos sin reanudar y los vecinos pendientes de las ayudas que le permitan recobrar algo de normalidad. Tampoco existe un plan coherente de reconstrucción a corto plazo, ni visos de que se esté trabajando en la adopción de medidas preventivas y en la coordinación para que una catástrofe de estas características, si vuelve a producirse, no tenga unas consecuencias tan trágicas.
¿Falló el Gobierno central al no declarar la emergencia nacional cuando se conocieron los desastres provocados por la DANA? Es probable dada la magnitud de la tragedia. Pero tampoco el presidente de la Comunidad Valenciana lo solicitó a pesar de verse desbordado desde el primer momento por sus consecuencias, por no encontrarse en el lugar de mando donde se le necesitaba, por cuestionar los avisos recibidos, por pasar del "querido presidente" en la primera visita de Sánchez a Valencia a tratar de endosarle toda la responsabilidad a él y a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Todo ello ante la contradicción del PP de querer, al mismo tiempo, retirarle la competencia y defender su gestión. Ahora se llora sobre la leche derramada porque no se acometieron las obras hidráulicas necesarias para minimizar los efectos de la riada y se enarbolan informes y decisiones sobre lo que se recomendó y no se hizo y a quién correspondía realizarlo. Por no hablar de unos planes urbanísticos y concesiones que permitieron construir en zonas inundables. Y por no saber dar la alarma en el momento adecuado a pesar de contar con todos los datos necesarios.
Muy lentamente se recupera una cierta normalidad en los pueblos anegados, pero cualquier avance es considerado muy lento por quién necesita volver a recuperar su vida anterior y unos fondos que tardan en llegar, a pesar de que hay compromiso de aligerar la burocracia. Lo que ha pasado en otras tragedias pesa sobre los damnificados. No parece que haya medios suficientes para actuar sobre todo en todas partes, pero también es cierto que las labores de reconstrucción necesitan un tiempo, que es necesario fijar prioridades, sin olvidar que para cada persona lo suyo es lo más urgente, y la falta de respuestas lleva a la desesperación, al desánimo y a la desafección con los responsables políticos: una reacción comprensible, atizada por los profesionales de la desinformación y por decisiones de difícil comprensión como enredar sobre el carácter de las ayudas o el nombramiento de un militar retirado para dirigir la reconstrucción.
Para que las consecuencias de un fenómeno meteorológico descomunal no vuelvan a ser catastróficas, expertos, técnicos y responsables políticos ya saben lo que tienen que hacer para mejorar la prevención, la coordinación y la respuesta ante las emergencias. ¿Lo harán? ¿O se enredarán en cuestiones de competencias y de intereses partidistas? ¿O se acordarán de Santa Bárbara cuando vuelva a tronar?