OPINIÓN.- Todo el mundo sabe que, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE ha concedido varias gracias económicas a partidos nacionalistas. Ya escribí en este mismo espacio sobre la condonación acordada con ERC de 15.000 millones de la deuda que Cataluña tenía con el Estado, y ahora voy a hacer lo propio con la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco pactada con el PNV. De nuevo el tema es complejo, y necesito caracterizar el sistema de financiación del País Vasco para que se entienda lo relevante de esa concesión por parte del Gobierno de España.
Uno. El Cupo vasco. La teoría. El sistema de concierto que regula la financiación del País Vasco, y que se revisa cada cinco años con las denominadas Leyes de Cupo, es diferente al sistema de financiación de las CCAA de régimen común. El País Vasco recauda la totalidad de los tributos (excepto las cotizaciones sociales) y después transfiere al Estado parte de sus ingresos para ayudar a financiar servicios centralizados, como los de defensa, de los que se benefician los ciudadanos vascos. La cifra a transferir se obtiene multiplicando una base de cálculo (el gasto del Estado en competencias no asumidas por el País Vasco) por un índice de imputación (el 6,24%, el peso de la renta del País Vasco en el total nacional). Luego se descuentan los ingresos estatales no concertados, el déficit del Estado, y el ajuste a consumo del IVA (para que cada administración se quede con el IVA que pagan sus ciudadanos, y no con el que se ingresa físicamente en su territorio, que puede ser muy distinta). El resultado final es el Cupo vasco.
Dos. El Cupo vasco. La práctica. Pero, en realidad, la cuantía del Cupo vasco se acuerda en reuniones bilaterales secretas con el PNV cuando PP o PSOE, tanto monta, monta tanto, necesitan los votos de sus diputados para gobernar o aprobar presupuestos. Fijado el Cupo, se ajusta la valoración de las cargas no asumidas y del consumo del IVA para que resulte la cantidad pactada de antemano. Es decir, se pacta con el PNV cuál ha de ser el Cupo y después, con total opacidad, se alteran los cálculos para que dé precisamente esa cifra. Lamentable. Así llevan desde 1993. El último pacto se hizo en febrero de 2023 entre PSOE y PNV, el cual dejó cerrada las cuantías del Cupo hasta 2026. 
Tres. Las consecuencias del Cupo Vasco a la carta. Esta forma de calcular el Cupo en base a componendas políticas ha permitido a los sucesivos gobiernos vascos disfrutar de unos niveles de financiación muy superiores a los del resto de CCAA, algo denunciado sistemáticamente por expertos en la materia, lo que les ha permitido tener elevadísimos niveles de gasto en educación, sanidad o servicios sociales y ser al mismo tiempo la región menos endeudada de España. Según datos del Banco de España, su deuda supone sólo el 13,0% de su PIB, un dato inferior al de Castilla y León (19,9%), al de la media autonómica (23,2%) y al de las dos CCAA más endeudadas: Cataluña (32,4%) y Valencia (43,5%). 
En este contexto de financiación privilegiada del País Vasco, las exigencias del PNV para apoyar la investidura del presidente de turno nunca han coincidido con las de los nacionalistas catalanes, puesto que el País Vasco no tiene un solo euro de deuda contraída con el Estado, y ya recauda la totalidad de los tributos, la sempiterna aspiración catalana. De hecho, Cataluña suspira por tener su propio Cupo catalán. La eterna demanda del PNV a cambio de su voto era el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social y esta vez, tras cuarenta años tras ello, Pedro Sánchez se lo ha concedido, un traspaso que plantea recelos legales, políticos y económicos, que voy a intentar resumir.
Cuatro. El traspaso. Recelos legales. El artículo 149 de la Constitución dice que la gestión económica de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado, pero abre la posibilidad de que las CCAA se hagan cargo de la ejecución de sus servicios necesarios. Hay margen legal para el traspaso de ciertas competencias en la materia, pero limitado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garante de la unidad del sistema y de su caja única como condición necesaria para garantizar la igualdad entre los españoles. No obstante, desde el Gobierno vasco se cree que el grueso de las competencias traspasadas puede ser asumido mediante la firma de convenios sin problemas.           Veremos.  
Cinco. El traspaso. Recelos político-simbólicos. El traspaso efectivo de la gestión de la Seguridad Social tendría como consecuencia el desmembramiento del INSS y de la TGSS en el País Vasco. Ello implicaría la desaparición prácticamente total de la Administración del Estado en territorio vasco con toda la carga simbólica que ello conlleva. 
Seis. El traspaso. Recelos económicos: la Caja Única de la Seguridad Social. La mayor preocupación, que ayuda a entender por qué los anteriores Gobiernos españoles no quisieron traspasar esta competencia, es el miedo a que su cesión pudiera facilitar la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, desvirtuando así el principio de solidaridad que inspira el diseño del sistema. Tranquilos. Este temor no está justificado. ¿Y eso? Pues porque al País Vasco le favorece enormemente la Caja Única ya que tiene un descomunal déficit (diferencia entre cotizaciones contributivas y pensiones) de 4.002 millones de euros (datos del MISMM de 2022), que casi en su totalidad se financia con impuestos de todos los españoles. Sí, la solidaridad del resto de territorios financia un alto porcentaje de las pensiones de los ciudadanos vascos, y eso es lo que hace que no haya riesgo de ruptura de la Caja Única, pero sólo porque ésta favorece al País Vasco. De lo contrario... 
Siete. Implicaciones para Castilla y León. Habrá que ver cómo se concreta el traspaso en la negociación aún pendiente entre PSOE y PNV para poder valorar si a mayores de lo ya expuesto hay alguna externalidad negativa para Castilla y León. En cualquier caso, el actual escenario ya es tristemente paradójico para nuestra tierra. Por un lado, y dejando de lado el mercadeo político a la hora de determinar su cuantía, el sistema de Cupo vasco supone la aceptación de la insolidaridad de ese territorio con las necesidades de financiación de los servicios esenciales de las CCAA más pobres, Castilla y León incluida. Y, por otro lado, el sistema de Caja Única de la Seguridad Social implica que la solidaridad de esas CCAA pobres, también de Castilla y León, financia con sus impuestos buena parte de las pensiones de los ciudadanos vascos. Nos dan por todos los lados.