Han pasado dos semanas desde que la DANA se llevara por delante la vida de más de 220 personas y dejase cerca de una veintena de desaparecidos. El país, sobre todo las zonas afectadas, trata de recuperarse del golpe mientras la gestión de la catástrofe convive en paralelo con la llegada de nuevos fenómenos extremos a provincias como Málaga o Tarragona. Al menos, en esta ocasión, los sistemas de alerta, cierres de colegios y demás medidas de protección, que brillaron por su ausencia en Valencia, se han activado. Lo mínimo que cabría esperar. España se ha visto sorprendida por un golpe climático que apunta a darse con más asiduidad, lo que obliga a repensar la respuesta y protocolos para encarar este tipo de fenómenos, minimizando sus daños.

La virulencia de la DANA ha sorprendido incluso a aquellos que venían alertando de las consecuencias del cambio climático. Lo que no sorprende a estas alturas de la película es la respuesta de una clase política que no ha tardado en mostrar su perfil menos empático tras unos primeros momentos en los que la gravedad de la situación obligaba a moderar el comportamiento. Los partidos implicados en la gestión de la crisis, principalmente, se han apresurado en dar rienda suelta a un instinto que prioriza su propia supervivencia y que destierra de su catálogo la asunción de responsabilidades. Se repiten las pautas de comportamiento que se sucedieron durante la pandemia.

La gestión de la actual crisis dejará una hemeroteca trufada de despropósitos: desde los vaivenes erráticos de Mazón a la dejación de funciones de Sánchez y su vergonzante ofrecimiento de ayuda, pasando por el temprano ataque de Núñez Feijóo a la Aemet o la aprobación, en los primeros compases de la crisis, del decreto ley que permitirá al Gobierno hacerse con el control de RTVE. Un camino sin retorno en un enfrentamiento perenne que tenía su prolongación este miércoles con la comparecencia en el Congreso de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, quien reprochó a Mazón su tardanza a la hora de solicitar la intervención del Ejército. Por su parte, el PP, a través del diputado César Sánchez, acusó a la ministra Ribera de mentir y a Sánchez de actuar movido por cálculos políticos. Acusaciones cruzadas que obvian a las familias que lloran a sus muertos, a las que buscan a sus desaparecidos o a las que lo han perdido todo. La nota de sensatez la puso la diputada de Compromís, Águeda Micó, al recriminar al Gobierno haberse puesto «de perfil» ante la deriva «kamikaze» de Mazón. En este contexto, el Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el ministro Torres suena a política ficción dados los intereses contrapuestos de las principales formaciones, incapaces de sacar bandera blanca y dar tregua a una voracidad partidista que actúa como el acelerante perfecto de la creciente desafección política.