El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 colegios de abogados de España, estuvo presidido desde enero de 2016 a junio de 2024 por la palentina Victoria Ortega Benito (1958). Antigua alumna del Santo Ángel que pasó muchas horas en el cine palentino que lleva su primer apellido cuando lo llevaba su abuelo, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid (UVa) y acumula más de cuatro décadas de experiencia. Reside en Santander, donde tiene abierto su despacho y donde imparte clases de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria (UC).

A largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos, entre los que sobresalen el decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008 y la secretaría general del CGAE de 2011 a 2015. Además, presidió la Unión Profesional (UP), la asociación que aúna a 34 consejos generales y colegios nacionales de profesiones colegiadas en España de 2018 hasta que dejó la presidencia del CGAE y durante el tiempo que fue la máxima responsable de los abogados españoles fue, por su cargo, consejera nata del Consejo de Estado, el órgano supremo consultivo del gobierno de España, que fundado hace 499 años por Carlos I, según aparece en su página web. Por último, también cabe destacar que ha recibido numerosas menciones y distinciones, como la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2010 (reconocimiento aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia) o, recientemente, la Gran Cruz al Mérito del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), que le fue impuesta el pasado mes de diciembre.

Fue sustituida en junio en la presidencia del CGAE por el decano del Colegio de Málaga, Salvador González Martín, que ganó las elecciones de junio. Desde un punto de vista personal, ¿cómo valora su etapa de ocho años y medio al frente del órgano de los abogados españoles? 

Fueron ocho años de presidencia del CGAE absolutamente apasionantes y enriquecedores por todas las experiencias que viví y por la gran cantidad de personas con las que compartí y trabajé en este tiempo. 

¿Y desde el plano profesional?

El CGAE está constituido por los decanos y decanas de todos los colegios de España, por doce consejeros electos y por los presidentes de los consejos autonómicos, de la Mutualidad General de la Abogacía y de la Confederación Española de la Abogacía Joven. Hay una pluralidad importante que refleja muy distintas sensibilidades. Entonces, lograr la unidad en el esfuerzo, la ilusión por el proyecto y el respeto de las diversas posiciones me parece que fue un logro importante. Cito que el último congreso nacional que celebramos versó sobre la cultura del acuerdo, algo que pienso que en este momento es una demanda de gran actualidad.

En una tribuna abierta publicada en julio del año pasado en Cinco Días llegó a calificar de «hito parlamentario» la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) del texto de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que el Congreso de los Diputados acababa de aprobar. Esta norma siguió su camino parlamentario y, finalmente, apareció en las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE). ¿Por qué es tan importante?

Es una ley pionera en Europa y era absolutamente necesaria porque cierra todo el círculo de garantías constitucionales. Es decir, que el artículo 24 de la Constitución, que es un artículo central, tenía regulados todos los sistemas menos la defensa. Es garantista, ya que garantiza un derecho fundamental de la ciudadanía. Nosotros lo que hacemos es ejecutar la defensa, pero la garantía de tener este derecho es para la ciudadanía. 

Además, recoge y regula figuras fundamentales que antes o no estaban reguladas o estaban dispersas por un gran número de textos, como puede ser el alcance del secreto profesional, que es muy importante para el ciudadano que acude al abogado. También incluye el derecho que tiene el ciudadano a conocer el coste del proceso, la figura de amparo y toda una serie de garantías que son fundamentales para la ciudadanía y, lógicamente, para la abogacía. Hay ámbitos que debían de haberse regulado y otros que podían haberse hecho mejor, pero lo cierto es que tenemos un texto muy importante por el que hemos trabajado y luchado durante muchísimo tiempo. Para la abogacía ha sido una satisfacción ver su regulación. 

¿Podría citar otros logros conseguidos en su mandato?

Conseguimos la modificación del Estatuto de la Abogacía. El anterior era muy bueno, pero ya no respondía a lo que era la realidad actual. El de ahora sí. Igual ocurrió con el Código Deontológico, ya que estamos en un mundo que se está transformando digitalmente. Por ello, actualizamos este código, al igual que el disciplinario. 

Por el contrario, ¿se dejó alguna cuestión en el tintero que le hubiera gustado llevar a cabo durante sus años de presidenta del CGAE?

Sin duda alguna, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En este caso ocurre lo mismo. En su momento, en 1996, era una ley magnífica, pero ya no. No obstante, tengo la confianza absoluta de que esta norma se modificará en un período breve. Se arrancó con ella, se escuchó a todos los que podían estar implicados, pero quedó paralizada durante tiempo. También tengo la confianza absoluta de que se revisaran los baremos de la Justicia Gratuita para las indemnizaciones que se abonan a los abogados. Ya se nos prometió, pero no se llevó a cabo. Se dijo que por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2024. Con independencia de lo que pase este año con los PGE, pienso que eso no es motivo para que no se revisen estas cantidades. Todos somos conscientes de que hay otras circunstancias que sí se han revisado, aunque no hubiera nuevos PGE.

En 2020, cuando fue reelegida para su segundo mandato como presidenta del CGAE, explicó en Diario Palentino que era necesario reformar la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado. ¿Se pudo hacer?

No. En el máster del acceso a la profesión es absolutamente imprescindible la modificación en dos ámbitos: que los másteres que se lleven a cabo tengan una trascendencia para la especialización y que la prueba que se realice no sea una repetición de lo del grado, sino que se acredite tener las competencias para el ejercicio de la abogacía. Eso se puede conseguir mediante el desarrollo de un supuesto concreto. 

¿Y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil?

Se fueron aprobando las normas de eficiencia, que tenían tres ámbitos: procesal, organizativa y digital. La última modificación fue publicada con independencia de que tenga la entrada en vigor secuenciada en el tiempo. Tenemos que ver cómo se implantan unos cambios que son fundamentales en el ámbito organizativo. 

También son muy importantes los medios adecuados para la solución de controversias, que aparece como requisito de procedimiento, que anteriormente no conocíamos, y la modificación del proceso en diversos actos. Una vez aprobado, se necesita de una reflexión. No podemos haber llevado a cabo una reforma tan importante y que luego, en la realidad, no produzca los fines para los que se ha llevado a cabo.

Aseguró que buscó el consenso con los 83 decanos en el CGAE. En los tiempos que corren actualmente, ¿es difícil llegar, es más sencillo en el mundo de la abogacía o, directamente, hay gente que no quiere?

Hay que proponérselo y, sobre todo, hay que pensar en que el consenso es un objetivo que supone una prescripción democrática. Tenemos que llegar a él como sea. No podemos mantenernos en este ámbito de absoluta polarización que nos estamos moviendo a todos los niveles. Creo que ese debe ser un objetivo colectivo primordial. 

Sus compañeros de profesión en Palencia llevan tiempo lamentándose por las bajas retribuciones de los abogados de oficio. ¿Por qué es tan optimista a la hora de pensar que esta cuestión mejorará y se modificará la ley?

Necesito creer en ello y vamos a creer que se haga realidad lo que se ha dicho. La actualización debe ser inmediata, con independencia de PGE o no, insisto. No hay que esperar a la modificación de la ley. Se ha hecho frente a muchas otras necesidades –yo no voy a decir que mayores o menores- con independencia de que nos encontráramos en prórroga presupuestaria. 

Y una vez que tengamos la ley, que en esta se prevea la actualización automática de los pagos conforme a la referencia que sea, bien el índice de precios al consumidor (IPC) o la que se ponga. Lo que no puede ser es que año tras años nos pasemos con el mismo debate y reclamando lo mismo, que es absolutamente justo y necesario.

El puesto de presidenta del CGAE también conllevaba el nombramiento de consejera nata del Consejo de Estado. ¿Para qué le sirvió el paso por este órgano?

Aprendí muchísimo escuchando a los compañeros y leyendo los informes que se llevaban a cabo. Es fundamental la función que realiza el Consejo de Estado, aunque es desconocida. 

Por mi parte, he actuado más en los temas que afectaban directamente a la abogacía, que era a quien estaba representando. Además, la labor de este órgano es de una calidad extraordinaria.

El Consejo de Estado «es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España», según publica su web. ¿El ejecutivo os ha escuchado realmente?

Sí. La solicitud de informes es constante. Y, como ocurre con todo, es verdad que en unas ocasiones hay una mayor aceptación de los informes del Consejo de Estado que en otras. Pero respeta el trabajo. 

Fue la primera mujer decana de la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y la primera máxima responsable del CGAE. ¿Cree que sigue existiendo un techo de cristal?

En Cantabria, donde yo doy clase, hay más mujeres que hombres estudiando Derecho. En la Abogacía todavía no, aunque en los sectores más jóvenes sí. Por ello, previsiblemente, en un tiempo se equiparará. Con carácter general, está mejorando la presencia femenina en los puestos importantes. Durante mi etapa de presidenta, el número de decanas subió. Lo que sí que quiero señalar, y lo digo siempre, es que fui la primera mujer decana en Cantabria y la primera presidenta del CGAE, pero no quisiera ser la última. 

También fue la primera mujer que encabezó Unión Profesional. En relación con esta organización, ¿qué asuntos se tratan en una entidad que está formada por gremios tan distintos?

Lo que es propiamente la cultura profesional, lo que son las profesiones y aquello que las define. Pese a toda la variedad, tenemos unos puntos en común que son importantes: la formación, la exigencia de una formación continuada y la actuación conforme a unas normas de carácter deontológico y ético. 

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En diciembre fue premiada por el Cacyl. ¿Qué sintió cuando los abogados de su tierra de origen, en la que no reside en la actualidad, le distinguieron con la Gran Cruz?

Fundamentalmente una emoción grande. Siempre lo que más se aprecia es el reconocimiento de los propios compañeros y si son de mi propia tierra, Castilla y León, la emoción es mayor. Además, estuvieron extraordinariamente cariñosos y creo que pasé un día muy contenta y fue inolvidable. 

Cambiando de tema, ¿considera que los abogados tienen la consideración que merecen en la sociedad?

Muchas veces se dice que no y se hacen bromas e incluso chistes sobre lo que puede ser la abogacía. Pero luego, a la hora de la verdad, creo que existe una extraordinaria confianza en el abogado de uno. Quiero decir que se oye hablar de los abogados y de la abogacía y luego dicen que el suyo es extraordinario. Es decir, quien presta su confianza, confía en él a gran escala.

¿Y en qué situación se encuentra la Justicia en España?

Podría y debe ir mejor. Y quiero pensar que entre todos vamos a conseguir que vaya a mejor. Siempre se dice que para que fuera mejor la Justicia en España es necesario más medios, pero no todo es tener más medios personales y económicos, sino llegar a un medio y a una forma de gestión que la haga más eficaz y eficiente.

¿Los españoles tienen confianza en el mecanismo judicial de su país?

Estoy convencida de que la sociedad confía en la Administración de Justicia, en los jueces y en el sistema. Si no tuviera confianza no se podría entender cómo se pueden someter al año unos seis millones de asuntos, además con procedimientos lentos, como todos sabemos. Que acuda así la ciudadanía a la justicia no deja de poner de manifiesto la confianza que se tiene en la misma, con independiencia de que haya factores, extremos o supuestos concretos que puedan crear una opinión contraria. Pero en lo que es la resolución de los conflictos diarios del ciudadano, ahí creo que la confianza es grande.

Comentó que el «fin de una etapa es el comienzo de la siguiente». ¿Qué retos tiene tras dejar la presidencia del CGAE?

La actividad va ligada con el carácter y el mío es no estar quieta nunca. Al tener más tiempo, estoy mucho más dedicada que antes a mi despacho, a la universidad y al resto de corporaciones y organizaciones.

¿Recomendaría a un joven que va a empezar la universidad que estudiara derecho?

Sí, sin duda alguna le animaría a que lo hiciera. El derecho tiene una importancia extraordinaria en lo que es la convivencia. Ordena la convivencia de los seres humanos y la configuración misma del estado de derecho. Tiene una importancia enorme. Además, el conocimiento del derecho tiene muchas salidas profesionales.

¿Ha cambiado mucho la profesión desde que empezó a ejercer?

Es una pregunta compleja, pero quiero pensar que sí y de forma positiva. Tenemos, sin duda, muchos problemas porque somos muchos y tenemos una diversidad grande de situaciones, pero en su conjunto vamos mejorando en muchos ámbitos.