El serial de la fiscalía en los últimos días, con un cambio de criterio en un segundo informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, pasando de apreciar claros indicios de terrorismo contra el prófugo del procés, Carles Puigdemont, a descartarlo de manera manifiesta 72 horas más tarde, tras reunirse con el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, vivió este martes un nuevo episodio con la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, compuesta por fiscales con diferentes sensibilidades, que acordó por muy amplia mayoría que se ha de investigar al expresidente Puigdemont por terrorismo. Aunque esta decisión no es vinculante, pone de manifiesto una limitada capacidad del fiscal general para imponer su criterio en defensa de que en la causa de Tsunami no hay terrorismo. En cualquier caso, el cambio de los informes sobre la causa no deja de ser un espectáculo bochornoso. 

 Será la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, muy próxima a García Ortiz, quien determine el criterio final de este órgano, y a eso se agarra el Gobierno, que confía en poder imponer su criterio una vez más.

Esta situación invita a reflexionar sobre la espiral en la que ha entrado todo lo que tiene que ver con el conflicto catalán y concretamente con la ley de amnistía, que sufrió un primer varapalo en la votación en el Congreso precisamente por el rechazo que mostró Junts al considerar que no daba todas las garantías a las que aspira, lo que está animando al Gobierno a dar, sin complejos y llegados a este punto, una vuelta de tuerca más.

Mucho se está hablando estos días de la voluntad que está demostrando el Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar las reglas sobre el tablero de juego, lo que resulta además de indigno, preocupante. Discutir y negociar enmiendas al proyecto de la ley de amnistía en función de las investigaciones judiciales está llevando el sistema a una situación de estrés difícilmente sostenible. Además, el problema no se queda ahí, puesto que no se descarta modificar el propio Código Penal para rearticular la definición del delito de terrorismo o para cambiar los plazos de la ley de enjuiciamiento criminal, lo que lleva a pensar que el deterioro que están sufriendo las instituciones democráticas en esta legislatura marcará un antes y un después que resulta alarmante.

Esta situación alimenta un caldo de cultivo de desconfianza sobre las instituciones propiciada por una descarada intervención e intrusión del Gobierno que no encuentra freno.

Habrá que estar atentos a cómo los procesos electorales afectan a esta desatada situación, primero con la campaña para las elecciones gallegas, y posteriormente para los comicios europeos, porque el interés electoral parece ser el único que podría propiciar un punto de inflexión, ya que parece ser lo único que importa.