La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont al manifestar que "no se emplearon fondos europeos" ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena.

Lo ha hecho en una vista pública para revisar los recursos del expresident y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. A esta tesis se han sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido estimar los recursos. En su opinión, "decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente" porque "nadie dijo que fuera encaminado" a ello.

Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, "no han sido empleados fondos europeos de la UE" y "no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo", que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del proces, ya que "los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado".

Por su parte, la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha insistido este lunes en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicarle la ley de amnistía, toda vez que como diputado del Parlament entiende que ello es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña.

Así se ha pronunciado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la vista pública celebrada para la exposición de los recursos de apelación presentados contra la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicar la ley de amnistía a los procesados en rebeldía. La Sala de Apelaciones, conformada por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, ha escuchado también a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas recurrieron aquella decisión en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que han defendido este lunes.

Boye ha defendido que el Supremo no es competente para aplicar la ley de amnistía a los procesados del 'procés'. "Sin lugar a duda tenemos razón", ha dicho. A su juicio, "esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña".

Al hilo, el letrado ha señalado que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la ley de amnistía". "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido.

Con todo, ha incidido en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez prestablecido por la ley", porque debería pronunciarse el TSJ catalán.

En la misma línea se ha pronunciado el abogado de Puig, Jaume Alonso Cuevillas, quien ha coincidido en que la competencia para aplicar la amnistía es del TSJ de Cataluña, al tiempo que ha defendido que no aplicar la ley sería una resolución arbitraria e injusta.

En la vista de este lunes también ha intervenido la defensa de Marta Rovira para pronunciarse en contra del recurso de Vox, que se opuso a que Llarena viese amnistiable el delito de desobediencia por el que está procesada. Con todo, su letrado, Íñigo Iruin, ha defendido --al igual que el de Puigdemont-- que el órgano judicial competente para estudiar su caso es el TSJ catalán y no el Supremo. "El instructor se declaró incompetente", ha recalcado en referencia al delito de desobediencia.