La Ley de Caza de Castilla y León sigue su particular peregrinaje por las instituciones judiciales y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio trasladado a las partes, Pacma y Gobierno regional, y a la Fiscalía, para que se pronuncien sobre la opción de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la normativa autonómica aprobada recientemente en las Cortes autonómicas. Fuentes del TSJ tuvieron que salir durante la jornada de ayer para aclarar este extremo en un comunicado, después de que el Partido animalista anunciara que el Tribunal Superior de Castilla y León, que ordenó la suspensión cautelar de la caza en esta comunidad, iba a «trasladar» la nueva norma sobre la Caza al Tribunal Constitucional.

La suspensión cautelar de la caza está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala, que tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Junta, recordaron desde elTSJ. La modificación de la Ley de Caza -aprobada el pasado marzo en las Cortes-, a juicio de los magistrados, podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la anterior resolución judicial por la que se suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León y condicionar la resolución de ese recurso contra la suspensión interpuesto por la Junta, informa Efe.

Ante esta situación, la Sala dictó el pasado 7 de mayo una providencia en la que pregunta a las partes y al Ministerio Fiscal si procede elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Basa esta opción en que «la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso». 

Reacciones

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que desde la Junta se entiende que «no cabe» elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza. «Lo único que se hace es abrir un trámite de alegaciones y que se opine al respecto, por lo que evacuaremos en ese trámite de audiencia nuestros informes, que serán negativos, al entender que no cabe ese planteamiento», aseveró.

Por lo tanto, una vez que se ha dado traslado de esta petición a los animalistas de Pacma, a la Junta y al Ministerio Fiscal, el consejero sostiene que «no hay ninguna decisión final» del TSJ sobre la Ley de Caza, tal y como afirmaron en su web ayer los animalistas, que fueron desmentidos desde el alto tribunal. Por su parte, el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, expresó su «respeto» por las decisiones judiciales. Aunque «respetándolas», sostuvo que alguien «tendrá que explicar porqué ocurre esto» en esta comunidad y no en otras.

 El Pacma, en un comunicado, consideró que ese cambio de la normativa autonómica sobre la caza representó una «artimaña» y una «burla al sistema judicial».