Tres días, hasta las 9 horas del viernes, es el plazo que se ha dado el equipo de Gobierno de Miriam Andrés para negociar con la oposición el último fleco de las ordenanzas fiscales para el próximo año, el cual pasa por equilibrar la subida de las tasas vinculadas al abastecimiento y el suministro de agua con una bajada del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Si hay acuerdo y así lo valida el pleno, los primeros se encarecerán en torno al 11% planteado por la Concejalía de Hacienda, mientras que en el recibo de la contribución se aplicará un tipo del 0,5792 que aliviará el catastrazo derivado de la actualización de los valores patrimoniales de todos los inmuebles de la ciudad, eso sí, a partir de 2026. En caso contrario, se mantendrán congelados en los mismos términos que en 2024.
En todo caso, el equipo de Gobierno recibió ayer la buena noticia de sumar los apoyos suficientes para que la comisión de Hacienda diese luz verde a gran parte de su propuesta fiscal para el próximo año. Todas las subidas vinculadas al IPC del pasado mes de septiembre, es decir, el 1,5%, recibieron suficiente respaldo -o insuficiente oposición, según se mire- como para seguir adelante en su camino hacia su debate y votación en el pleno del viernes. Es el caso de la ORA o zona azul, el cementerio o las licencias urbanísticas.
También una parte importante de aquellas para las que el área que dirige Carlos Hernández planteó una subida por encima del IPC con el objetivo de acercar el coste de su prestación a lo recaudado. Entre ellas, la grúa, el autobús urbano, las terrazas, la celebración de matrimonios o las actividades del Patronato Municipal de Deportes, por citar las que mayor impacto tienen en el bolsillo de los ciudadanos.
También sumaron suficientes apoyos las ordenanzas que entrarán en vigor el próximo año por primera vez, las vinculadas a la recarga de vehículos eléctricos en la vía pública y a la realización de actividades administrativas de competencia local en materia de prevención ambiental.
Y, sobre todo, prosperó la nueva tasa del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, que incluye una nueva forma de tributar porque «la ley obliga al Ayuntamiento a repercutir en el ciudadano el coste íntegro de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos», tal y como explicó en su día el propio Carlos Hernández, que cifró dicho coste en 5.859.845,41 euros.
Para ello, el equipo de Gobierno ha fijado una cuota fija ligeramente superior a la de este año (de 36,03 a 36,10 euros) y otra variable que se calculará en función del consumo de agua, de forma que por cada metro cúbico consumido en un domicilio se abonarán 0,28 euros.
Se trata de una tasa muy discutida por la oposición, ya que supondrá un encarecimiento mínimo del recibo de casi un 20%, es decir, cerca de 20 euros más al año. Si ha recibido la luz verde de la comisión de Hacienda ha sido por el voto de calidad de la presidenta, ya que el único respaldo con el que cuenta el equipo de Gobierno es el de Izquierda Unida-Podemos, lo que no garantiza al 100% que vaya a salir aprobada el viernes.
A todo esto hay que sumar lo ya conocido: la congelación de los Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más conocido como rodaje, y sobre Actividades Económicas (IAE). La propia Miriam Andrés ya avanzó el mes pasado que carecía de los apoyos necesarios para sacar adelante las subidas planteadas para ambos gravámenes, por lo que no se tocarán respecto a este ejercicio.
El equipo de Gobierno había planteado las importantes subidas inicialmente previstas para estos impuestos. En el caso del rodaje, defendía un incremento muy por encima del IPC para todas sus tarifas, además de reducir al 60% las bonificaciones actuales. Para el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que grava a las empresas con un importe neto de cifra de negocios superior a 1.000.000 euros, se proponía modificar los coeficientes de situación, lo que, en la práctica, suponía un encarecimiento del recibo.
Agua. De esta forma, a día de hoy, al concejal de Hacienda solo le falta un acuerdo para los dos recibos vinculados al agua: el abastecimiento y la depuración y alcantarillado. Cabe recordar que el equipo de Gobierno planteó una subida de estos conceptos que ronda el 11%, a lo que la oposición se opone, y que en la práctica supone «pasar de pagar de 0,18 a 0,20 euros el metro cúbico, unos 3 euros al año, algo asumible por cualquier bolsillo; mientras que, en un ayuntamiento vecino al que suministramos el agua, aprobaron una subida hasta 0,88 euros», recordó recientemente la alcaldesa.
El caso es que Miriam Andrés ve esencial recortar la distancia entre lo que cuestan estos dos servicios al Ayuntamiento y lo que pagan por ellos los ciudadanos, hasta el punto que ayer retiró su propuesta de reducir el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles, tal y como había exigido la oposición para atenuar el catastrazo, así como una bonificación en el Impuesto sobre Construcciones vinculado a las viviendas de protección.
Una condición con el único punto de mira puesto en los ingresos
El equipo de Gobierno ha repetido por activa y por pasiva las últimas semanas que la propuesta fiscal que se apruebe para 2025 definirá el presupuesto municipal del próximo año. Y es que la única pieza que la Concejalía de Hacienda tiene en su punto de mira son los ingresos.
Así lo demostró ayer el concejal de esta área, Carlos Hernández, que retiró de la mesa su propuesta de rebajar el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles al comprobar que la oposición rechazaba mayoritariamente subir las tasas de alcantarillado y abastecimiento de agua.
Tal y como desveló este periódico, Miriam Andrés había alcanzado un acuerdo con ¡Vamos Palencia! a costa de acceder a rebajar el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para compensar el catastrazo, es decir, la actualización de los valores catastrales. Ese acuerdo saltó por los aires -al menos públicamente- cuando se supo que el equipo de Gobierno se había quedado sin plazo para que las nuevas ordenanzas fiscales entrasen en vigor el 1 de enero de 2025, lo que en la práctica supone que los cambios que se introduzcan en los impuestos de Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y el rodaje no se aplicarán hasta 2026.
A pesar de ello, Carlos Hernández llevó ayer a la comisión de Hacienda una propuesta para reducir el tipo de gravamen del IBI del 0,5847% al 0,5792%, que, en la práctica, suavizaría el impacto de la subida de los valores catastrales de las viviendas en los recibos de los contribuyentes, eso sí, a partir de 2026 por lo explicado anteriormente. El PSOE entiende que si no se toca el recibo del agua, no hay margen para reducir los ingresos extra que deparará la contribución, unos 600.000 euros, dada la delicada situación económica del Consistorio. En los próximos tres días, intentará convencer de ello al resto de grupos de la oposición.