El pleno del Ayuntamiento se reúne este jueves en su sesión ordinaria correspondiente al último mes del año para, entre otros asuntos del orden del día, votar si se vulneró del derecho fundamental de participación política al no incluirse en el expediente para la aprobación definitiva del PERI-5, la ordenación urbanística de los entornos de la dársena del Canal de Castilla, el informe realizado por la Secretaría a petición de la alcalesa, Miriam Andrés, sobre el recorrido legal de votar en contra del proyecto sin que el Ayuntamiento incurriese en una responsabilidad patrimonial respecto de los propietarios de los terrenos.
El concejal de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, fue el único edil en votar en contra de del proyecto urbanístico, que salió adelante en el pleno de septiembre. Un acuerdo que fue recurrido por el munícipe en octubre a través de un recurso de reposición en el que solicitó que se declare la nulidad de esa votación y aprobación, o subsidiariamente su anulación, y se vuelva a convocar esa votación en el siguiente pleno ordinario previa inclusión en el expediente de ese informe de Secretaría.
Es la inadmisión de ese recurso propuesta por el Ayuntamiento la que llega al pleno de este jueves, por ahora con el único apoyo del PSOE en comisión, ya que IU-P se ha opuesto a esa decisión y el resto de grupos políticos ha pedido tiempo para estudiar el expediente y se pronunciarán durante la sesión.
moción de reprobación. Además de este tema, Izquierda Unida-Podemos defenderá una moción pidiendo la reprobación del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, por presunto «delito de odio» a tenor de las declaraciones que vertió en su red social X el pasado 25 de octubre en las que éste se refirió al realojo las personas migrantes como una «invasión».
Términos que desde Izquierda Unida-Podemos consideran «una incitación al odio y a la discriminación». Por otro lado, el mencionado grupo municipal hace referencia a que en esos mensajes, el vicepresidente de la Junta hablaba también de la «edad militar» de las personas migrantes, insinuando de manera infundada que las mismas representaban una supuesta amenaza o peligro, y señalaba directamente a la ONG encargada de brindar apoyo a estas personas migrantes acusándola de colaborar con las mafias del tráfico de personas.
San Martín apunta que esas declaraciones del vicepresidente «claramente buscan fomentar sentimientos de hostilidad, miedo y discriminación hacia las personas migrantes basándose únicamente en su condición de personas migrantes». «Este tipo de discurso de odio no solo es inaceptable, sino que también va en contra de los valores de nuestra sociedad y de los principios de respeto a la diversidad y la convivencia pacífica. Por todo ello y ante la gravedad de las declaraciones, consideramos que es necesario tomar medidas contundentes para salvaguardar la integridad de nuestra sociedad y los principios de convivencia pacífica y respeto mutuo y hemos registrado esta moción con el objetivo de acordar en la reprobación del vicepresidente por todos los motivos expuestos», argumenta.