Los primeros afectados por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la capital serán los propietarios de vehículos sin etiqueta, es decir, aquellos de gasolina anteriores al año 2001 y de diésel anteriores a 2006, que no residan dentro del área de 764.143 m² que abarca la ZBE. Son, según los cálculos que ha realizado el Ayuntamiento, unos 4.461 los vehículos de estas características que cada día entran y salen de la ZBE, y que desde el 1 de julio de 2026 no tendrán permitido el acceso, circulación y aparcamiento dentro de la Zona de Bajas Emisiones o, lo que es lo mismo, en el 17,28% de la superficie de la ciudad.
El Ayuntamiento estima que en la capital hay 49.708 vehículos de los que 18.546 estarían en esta situación y 9.384 corresponderían a turismo y motocicletas, que son a los que afectarán hasta 2030 las restricciones, ya que hasta esa fecha quedan fuera taxis, autobuses, camiones, trailers, etc.
Además, hay que tener en cuenta que uno de cada cinco residentes en la capital vive dentro de la ZBE, es decir, en el perímetro comprendido entre el Paseo del Salón y las avenida de Manuel Rivera, Casado del Alisal, Antigua Florida, Simón Nieto y Castilla. Son en total 15.523 habitantes que realizan una media de 4.923 desplazamientos diarios de entrada o salida a la ZBE. Por lo tanto, el resto, 4.461, corresponden no residentes y son a ellos a los que primero afectará la puesta en marcha de esta medida.
Según los cálculos del Consistorio, y que también tienen en cuenta que un porcentaje de estos vehículos accederán los domingos y los horarios sin restricciones, y otro porcentaje adicional dispondrán de autorizaciones especiales como acceso a aparcamientos, hospitales, etc., el Ayuntamiento calcula que su presencia en la ZBE a partir del 1 de julio de 2026 se reducirá al 10% de la actual, apenas 450 vehículos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que este espacio incluye las zonas centrales de mayor densidad poblacional y actividad económica.
Cabe recordar que el Ayuntamiento pretende que la Zona de Bajas Emisiones esté activa Esta medida será de aplicación todos los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 7 a 20 horas, y los sábados, de 7 a 14 horas.
ORDENANZA. Todos estos datos y cálculos están reflejados en el borrador de la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones que ayer fue sometida a dictamen en la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento. El documento salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno del PSOE y de Izquierda Unida-Podemos, mientras que ¡Vamos Palencia! se abstuvo y PP, Vox y el concejal no adscrito votaron en contra.
De hecho, el PP denunció que no le hayan permitido presentar y debatir sus enmiendas, algo que consideran «inconcebible», ya que el Reglamento Orgánico Municipal recoge la opción de que «con carácter excepcional, podrá formular enmienda in voce con anterioridad al debate o en su desarrollo».
Recargar el coche eléctrico en los postes habilitados costará 0,29 euros el Kwh
El equipo de Gobierno de Miriam Andrés sí recibió el visto bueno a la nueva ordenanza que regulará y optimizará el uso de los postes de recarga eléctrica en la vía pública. Con una red de nueve estaciones estratégicamente ubicadas, la iniciativa busca fomentar la movilidad sostenible, garantizar la sostenibilidad económica y mejorar la calidad ambiental de la ciudad. En la actualidad, la ciudad cuenta con 9 puntos de recarga distribuidos en distintas ubicaciones estratégicas dentro del casco urbano como el parque de los Jardinillos, la plaza Zurradores o la plazuela de la Sal, entre otros. Estos puntos permiten dar servicio a un total de 17 plazas de recarga, variando la potencia de cada una según su ubicación. El equipo de Gobierno no contempla, al menos por lo que recoge la ordenanza, inversiones adicionales por lo que se ha calculado una tarifa de 0,29 euros por kWh destinada íntegramente a cubrir los gastos que genera. Así, según el estudio económico, el coste anual del servicio es de 84.083 euros y la tarifa generará ingresos mínimos estimados de 71.952 euros.
Además, la nueva ordenanza regula el uso responsable de los puntos de recarga. Se permite un máximo de tres horas de carga por vehículo, y solo los eléctricos autorizados podrán utilizarlos. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 100 y 500 euros, según la gravedad de la infracción.
Además de su viabilidad económica, el proyecto tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo emisiones contaminantes y promoviendo el uso de vehículos cero emisiones. La normativa irá al próximo pleno para su aprobación inicial y, de ahí, a consulta pública.