La Diputación aprobó ayer en la Junta de Gobierno un convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y destinarlas al alquiler social en el medio rural de la provincia. Un convenio que supone una inversión de 832.000 euros por cada parte, repartidos en tres anualidades: 2025, 2026 y 2027. En total, son 1.664.000 euros los que se van a invertir con este fin. El objeto de este convenio es contribuir en la financiación de las actuaciones de rehabilitación de inmuebles o viviendas para su destino al alquiler social e integración en el parque público de viviendas de la región. 

Este es el segundo acuerdo que se suscribe a tal fin por la institución provincial, el cual se enmarca dentro del programa Rehabitare para incrementar el parque público de viviendas a través de la recuperación de inmuebles de titularidad municipal que en la actualidad se encuentran abandonados y cuya rehabilitación resulta interesante para el desarrollo del medio rural. El primer convenio, suscrito para el periodo 2020-2024 llegó con éxito a su fin. A través de él se han invertido un total de 520.000 euros en estos últimos cuatro años, para llegar a once actuaciones en el mismo número de localidades, de las que nueve ya están ejecutadas.

El convenio pone de manifiesto la colaboración entre ambas partes, suscrita el pasado 30 de noviembre en el palacio provincial entre los presidentes de las nueve diputaciones provinciales y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.  

COMPROMISO. La Diputación se compromete a prestar el apoyo y la coordinación necesarias con los municipios para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de sus inmuebles o viviendas, así como a financiarlas con el 50%; la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se encargará de la contratación las actuaciones que requiera la rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas conforme al procedimiento dispuesto y a sufragar el otro 50%.

Las administraciones consideran que es importante impulsar políticas activas para el mercado del alquiler como forma de acceso a la vivienda, tanto la administración regional, estableciendo incentivos que permitan la puesta en el mercado de viviendas vacías y desocupadas; con convocatorias de ayudas a arrendatarios de vivienda o con financiación de promociones de viviendas para destinarlas al parque público de alquiler, como la institución provincial, que intenta atender las necesidades de vivienda, para fijar población en el medio rural y potenciar la emancipación de los jóvenes, y asistiendo a los pequeños municipios en este fin. 

Fomentar el alquiler, frente a la compra, supone una ventaja al solucionar el acceso a la vivienda en un período puntual, con la flexibilidad de adaptarse a las cambiantes necesidades de las familias ante cualquier alteración de sus circunstancias personales, sociales, laborales o económicas. La localización de estos inmuebles, en el casco urbano, permite contar con todos los servicios y optimizar con ello las infraestructuras existentes sin necesidad de generar otras nuevas, a la vez que se evita el deterioro del patrimonio municipal. 

Este programa de rehabilitación de viviendas o inmuebles intenta recuperar este tipo de edificios para su destino al alquiler social, de manera que se consiga optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles válidos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, particularmente, fijar población en el medio rural. Además, servirá de instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en los municipios, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

Según las bases para optar a las ayudas del programa por parte de los municipios apuntar que el inmueble será de titularidad municipal, los municipios rurales que pueden optar deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y deberán justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes, y el coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 80.000€ euros para la obra y de 6.000 euros para los honorarios facultativos (ambos más el IVA). Si excede, el Ayuntamiento se hará cargo de lo sobrante.