Yolanda Díaz llegó al Gobierno prometiendo diálogo social. Y durante un cierto tiempo parecía verdad. Después han pasado muchas cosas y ha demostrado que prefiere imponer antes que dialogar; que excluye y demoniza a los que no están de acuerdo con ella; que se ha apoyado en solo dos sindicatos, siempre dóciles con la izquierda, y ha tratado de crear patronales amarillas para dividir a los empresarios; que puede ser la aliada de quien, con su escaso bagaje político, la puso en el Gobierno, Pablo Iglesias y la que le traicionó y humilló sin remordimientos; la estratega que no tienen estrategia; la que creó Sumar y ha dividido; la que ha empeorado sus resultados en todas las elecciones. Brillante carrera política.
Pero lo suyo es el mercado de trabajo. Hay que reconocer que la subida del salario mínimo era un paso imprescindible y que hizo una reforma laboral que apenas modificó lo aprobado antes por el PP y que, hoy por hoy, los datos del paro avalan, al menos aparentemente, su gestión. El desempleo ha bajado sustancialmente y algunos, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pronostican que en 2025 se creará un millón de puestos de trabajo. Son buenas noticias. Lo que hace falta saber es cuántos puestos de trabajo se han creado por las medidas del Gobierno y cómo es la calidad de ese empleo. Entre los 2,6 millones que dicen los datos oficiales y los 3,8 millones que apuntan otras fuentes, como USO, hay una enorme diferencia. La ministra ha sido incapaz de dar el dato -algunos creemos que sí se sabe, pero que no se quiere dar- de los fijos discontinuos, que para muchos son realmente "parados discontinuos". Y la alta temporalidad en el empleo sigue siendo una lacra porque la norma son contratos de baja duración, sean indefinidos o temporales.
En España, salvo en algunos sectores, no se trabajan demasiadas horas. Se trabaja mal. "La productividad -que no parece preocupar mucho a la ministra-, sigue lejos de la media europea a pesar de las ayudas de Bruselas", según un titular de El País. La tasa de absentismo sigue creciendo. En el último trimestre de 2023, según datos de Addeco Group, las horas no trabajadas por este concepto equivalen a que 1.168.968 asalariados no hubiesen acudido ningún día a su puesto de trabajo. En el sector del acero, que emplea a más de 20.000 personas, la patronal Unesid acaba de denunciar que el año pasado se perdieron más de cinco millones de horas. El SMI ha subido un 50 por ciento en los últimos cinco años mientras la productividad se ha estancado (Fedea y Colegio General de Economistas). Tenemos una Seguridad Social en quiebra técnica y menos parados, según las estadísticas oficiales, pero, sin embargo, tenemos más prestaciones por desempleo, lo cual no parece coherente. Fedea ha pedido medidas para evitar que sea más rentable estar de baja que trabajado y eso debería hacernos pensar.
Ahora, la vicepresidenta y ministra de Trabajo quiere imponer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas por decreto y ha amenazado a la patronal a hacerlo sin ella. Los empresarios se oponen porque no se ha calculado el coste que puede entrañar, especialmente para las pymes, que ellos fijan por encima de los 12.000 millones de euros. Pero Yolanda sigue y sus socios en el Gobierno callan.
La falta de competitividad, el absentismo, la alta temporalidad, las cargas sociales y fiscales, un marco legal disuasorio, la falta de aprovechamiento de los fondos europeos para modernizar tecnológicamente nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas, un sector público sobredimensionado y anticuado, ahora con una oferta de 40.146 plazas- y casi 150.000 empleos que no se pueden cubrir (Fundación BBVA), son problemas urgentes que Yolanda Díaz no aborda. Cuando la despidamos del Ministerio de Trabajo, mejor pronto que tarde, el mercado laboral seguirá con los mismos problemas. Ella, no. Ella tendrá, al menos, seguros dos años cobrando el 80 por ciento de su salario actual.