Velado entre el embrollo del debate parlamentario del paquete fiscal del Gobierno y las explosivas declaraciones ante el juez del empresario Víctor de Aldama ha pasado casi desapercibida la, hasta ahora, última cesión del Ejecutivo ante Puigdemont en materia de financiación que, además, establece un preocupante precedente sobre la reforma del sistema en su conjunto y la ruptura del principio de solidaridad entre los territorios.

Según lo aprobado en el Congreso de los Diputados, la recaudación del nuevo impuesto a los bancos, que un estudio de BNP Paribas cifra en 1.720 millones de euros, se repartirá a las comunidades autónomas en función de su Producto Interior Bruto y no, como es habitual, de acuerdo al criterio de población ajustada que es el que rige para los fondos del sistema de financiación autonómica y que tiene en cuenta variables como la dispersión territorial, la edad de la población o la prestación de los servicios públicos. Esta asignación beneficia a los territorios con mayor renta (Madrid y Cataluña) y perjudica especialmente a regiones como Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla La Mancha con un PIB menor. Por ejemplo, la comunidad madrileña recibirá el 19,5 por ciento de esta cuantía, mientras que si se distribuyera atendiendo al régimen de financiación autonómica no llegaría al 15 por ciento, es decir, recibirá casi un tercio más.

Llama la atención que un Gobierno que presume de ser el más progresista de la democracia consienta un acuerdo que prima únicamente la riqueza en el reparto de unos fondos que teóricamente van dirigidos principalmente a financiar los servicios públicos a través de los Gobiernos autonómicos, cuyo principal cometido constitucional en la práctica es el mantenimiento y la fortaleza del Estado de Bienestar (sanidad, la educación y servicios sociales). En este aspecto, parece haber primado más el interés político del Ejecutivo que, en caso de no sacar adelante el paquete fiscal quedaría muy tocado en su autoridad y continuidad, que el interés general de responder a las necesidades reales de los ciudadanos.

Es más, la cesión a esta formación independentista contradice el propio relato del Ministerio de Hacienda que había justificado el aumento impositivo en las necesidades del propio Gobierno para financiar sus proyectos de justicia social. Si finalmente esos fondos recaen en las comunidades autonómicas habrá que concluir que, o bien el Ejecutivo renuncia a estas políticas, o bien habrá una nueva imposición que las financie. También puede suceder que estos fondos se retraigan del modelo de financiación autonómica y que, por la vía de los hechos, el Ministerio lleve a término los compromisos adquiridos con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Salvador Illa, que no es otra que una financiación singular para Cataluña en la que la solidaridad se matice y reciban más quienes ya más tienen.