El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecía ayer en el parlamento autonómico para ofrecer 'sus' explicaciones sobre lo ocurrido el fatídico 29 de octubre, cuando la DANA arrasó numerosas localidades, llevándose por delante la vida de más de 220 personas, y la cuestionada gestión de los días posteriores a la catástrofe.
Como no podía ser de otro modo, el dirigente popular comenzó su intervención admitiendo errores y pidiendo perdón ante una gota fría «tan colosal que superó nuestros protocolos». En sus dos horas y media de discurso anunció la creación de una vicepresidencia de la recuperación económica y social y una consejería de emergencias. Nada dijo de dimitir por sus equivocaciones. A lo más que llegó fue a anunciar que no optará a la reelección si no es capaz de liderar la recuperación.
Los partidos de la oposición calificaron sus medidas de «maquillaje» y cargaron contra el empeño de Mazón de mantenerse en el cargo, reclamándole la dimisión y un adelanto electoral a 2025. En la sesión no podían faltar los reproches en torno a los cálculos políticos de unos y otros a cuenta de la tragedia.
Es evidente que todavía queda mucho trabajo parlamentario, y judicial, para depurar culpas. La comisión de investigación que anunció el presidente valenciano será muy necesaria, siempre y cuando los partidos no se encarguen de convertirla en un circo. Sin embargo, ese afán de aferrarse al cargo vuelve a poner de manifiesto una práctica muy habitual de la política española actual: la incapacidad de asumir responsabilidades. Mazón no podía prever la magnitud de la DANA, pero su falta de diligencia en la gestión de la crisis fue tan evidente que lo más honorable hubiera sido poner fecha a su dimisión.
Es un lugar común recordar que ese verbo -dimitir- apenas se conjuga entre los políticos de nuestro país, pero en los últimos tiempos ese desprecio a asumir las consecuencias por errores flagrantes o por verse salpicados en escándalos de corrupción está adquiriendo tintes desconcertantes para la sociedad. Ocurre con el drama que ha sufrido el sureste del país y también con casos que hostigan al Gobierno de Pedro Sánchez. La 'trama Koldo' es el ejemplo más evidente. Ni siquiera el exministro de Transportes José Luis Ábalos es capaz de dejar su escaño, y por tanto su aforamiento, a pesar de todos los indicios que vinculan al que fuera su mano derecha con el cobro de comisiones ilegales.
Ese desprecio a afrontar responsabilidades es el que desconecta cada día más a los ciudadanos de sus representantes. La permanente sospecha de que pase lo que pase ninguno está dispuesto a dejar sus privilegiados sillones también contribuye a que crezca el peligroso fenómeno de la 'antipolítica'.