Ana María Carrascosa Miguel (Valladolid, 1962) es, desde octubre, magistrada de la Audiencia Provincial de Palencia, ciudad a la que regresa tras ser la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 entre 1991 y 1993. Licenciada enDerecho y con un máster en Mediación, Negociación y Gestión de Conflictos, accedió a la carrera judicial en 1988 y también ha ejercido en diversos juzgados de Pola de Lena (Asturias) y Valladolid. Además, ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.

Sustituyó en la Audiencia a José Alberto Maderuelo García, que cesó en mayo para incorporarse a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial deValladolid. Actualmente, el alto tribunal de la provincia está compuesto por el presidente, Ignacio Javier Rafols Pérez, y  los magistrados Mauricio Bugidos San José, Juan Miguel Carreras Maraña, Ignacio Segoviano Astaburuaga y Ana María Carrascosa Miguel.

¿Por qué se decantó por la plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Palencia?

Ya conocía Palencia y me parecía una ciudad muy agradable donde la abogacía es muy colaboradora. También tuve en cuenta que los compañeros de la sala palentina eran muy buenos. Ya los conocía de antemano. 

Como ha comentado, esta no es su primera experiencia a orillas del Carrión. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos años?

Muy buenos. Había muy buen ambiente entre los compañeros, funcionarios y abogados. Creo que en estos momentos sigue siendo bueno y eso es muy importante, al igual que las relaciones entre profesionales. Se mantiene la cordialidad y la colaboración.

Impulsó métodos alternativos a la resolución de conflictos cuando llegó al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valladolid (que era exclusivo de familia), especialmente la mediación. ¿Por qué decidió iniciar este camino?

En Valladolid empecé a interesarme por la mediación porque la solución judicial me parecía que era insuficiente y no satisfacía a las partes. Pero no conseguí desarrollar ningún proyecto de mediación  por falta de colaboración de las instituciones y de financiación. Lo que creamos, en 1998, fue el primer punto de encuentro de España con la Asociación para la Protección del Menor (Aprome) y esta experiencia después fue difundida por todo el país. Copiaron nuestro protocolo en ciudades como Málaga, Palma de Mallorca o Murcia. A día de hoy está normalizado el recurso y está regulado en casi todas las comunidades autónomas.

La experiencia fue muy buena. Para el juez de familia es muy complicado saber qué pasa cuando los menores se encuentran con sus padres, sobre todo en casos complicados, y que puede haber un riesgo. Ante estas situaciones, un punto de encuentro da garantías de que los menores están en condiciones adecuadas. Esto ha facilitado que niños y niñas que no podían estar con sus padres por distintas razones hayan tenido buenas relaciones con el progenitor no custodio, ya sea el padre o la madre, o con la familia.

¿Había un recurso similar en otros países?

En Francia existía, pero no lo sabíamos. Fue una cosa de sentido común. La asociación me preguntó qué podíamos hacer y respondí que poner un piso. Hicimos un diseño y resulta que coincidió con lo que había en otros países.

Posteriormente coordinó un proyecto piloto de mediación penal. En este caso, ¿de qué se trataba?

Era un proyecto piloto auspiciado por el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, y apoyado por el CGPJ, concretamente por el vocal Félix Pantoja. Fue el primero en Castilla y León. A partir de ahí, conseguimos que la Fiscalía colaborara, lo que fue decisivo, y hablamos con el Colegio de Abogados. Empezamos a derivar un Juzgado de lo Penal y otro de Instrucción y, al cabo de un año, derivaban todos los Juzgados de lo Penal y todos los de Instrucción menos dos. Además, empezaron a hacerlo las dos secciones penales de la Audiencia Provincial.

En el CGPJ era responsable de la implantación, supervisión y desarrollo de programas de mediación intrajudicial. ¿Qué función tenía?

Cuando llegué al consejo se hacía mediación por distintos juzgados, pero sin ninguna organización. Entonces, lo que intentamos fue crear una forma de mediación marca consejo para que si un abogado de Palencia iba a Málaga supiera que la mediación civil, penal, contenciosa, social y familiar que se hacía seguía las mismas pautas. Entonces nos centramos en la formación, en la calidad, en la recogida de datos y en hacer convenios con entidades de mediación para que estuviesen todos amparados cuando lo hacían. Antes había un desarrollo desigual según la comunidad autónoma. En Cataluña, País Vasco, Navarra y Valencia estaba más desarrollado. Detrás estaban quizá Galicia, Andalucía y Canarias. Pero en el territorio del Ministerio de Justicia (el resto de comunidades) no había ningún tipo de desarrollo. Además, hicimos una guía para la práctica de la mediación intrajudicial que aún está vigente. Está publicada en la web.

Ha hablado de la mediación en diferentes órganos. ¿Qué ventajas ofrece la mediación?

Lo que hay que entender de la mediación es que partimos de la base de que, hasta ahora, en nuestro sistema de justicia casi todos los problemas se resuelven por jurisdicción y no es el mejor método para todos los problemas. Por ejemplo, un problema de familia se resuelve mal en la jurisdicción porque los jueces resolvemos con leyes y estas cuestiones incluyen emociones y sentimientos, que tienen un encaje muy complicado para el derecho.

Entonces, junto a la solución jurisdiccional consideramos que deben de existir en el sistema judicial otras formas de responder a los conflictos, que puede ser una mediación, conciliación o arbitraje. Hay muchas maneras. Participé en un borrador del proyecto de ley de Eficiencia Procesal, que no se aprobó por la situación política que todos conocemos, que contemplaba, junto a la mediación en el ámbito civil, la conciliación privada, el informe neutral no vinculante o el dictamen, entre otros. Y decía expresamente que no era una lista cerrada. De lo que se trataba era de ir hacia un sistema de justicia que lo que haría sería ver el tipo de conflicto, analizarlo, diagnosticarlo y, a partir de ahí, decir qué método elegir. La casa de justicia, que es un concepto más amplio que los juzgados y tribunales para desarrollar la justicia, debía de dar acogida a todos estos sistemas.

¿Cómo ha cambiado la mediación desde que comenzó a a aplicarla?

Desde que empecé se aprobó la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y eso supuso un cambio importante porque se reconoció la mediación como una forma de resolver conflictos. También se reconoce como forma de resolver conflictos en la ley penal de los menores. Después hay que reconocer los esfuerzos del Consejo de Europa, que ha hecho varias recomendaciones en esta materia, tanto en civil como en penal. Y la última es la recomendación 8/2008 de Justicia Restaurativa, que es un concepto mucho más amplio que la mediación penal, pero que también engloba esto. Y luego está la directiva de víctimas, acogida por la Ley de Víctimas española, que acoge su derecho al sistema de justicia restaurativa, donde se habla de la posibilidad de acudir a la mediación. 

El panorama legislativo, tanto el europeo como el español, ha cambiado, pero no existe ninguna ley que obligue a las administraciones prestacionales a generar o pagar servicios de mediación. Esto provoca que haya diferentes sensibilidades en las diferentes comunidades. Unas lo han desarrollado mucho, otras pocos y el Ministerio, nada. En territorio ministerial, los únicos proyectos de mediación familiar que existen son los que financian las comunidades porque casi todas ellas (excepto Ceuta, Melilla y Murcia) tienen Ley de Mediación Familiar, que sí prevé su financiación. 

¿Acudiendo más a la mediación se resolvería el atasco que existe en la Administración de Justicia?

Muchas veces se ha dado como razón y nosotros siempre decimos que la razón es dar una tutela efectiva de los derechos y que la ciudadanía se encuentre satisfecha con la solución que se le da desde la justicia. Pero también podemos hablar de que, mediante la mediación, cumplimos con el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que habla de justicia sostenible. Evidentemente, la mediación gasta menos recursos que la jurisdicción. Es más barata, más rápida y más eficaz.

Respecto a si sirve para desatascar la administración, el problema radica en que los números en la mediación son muy complejos. Para ver su efecto tendríamos que tener muy claros los ítem a los que tenemos que atender. Por ejemplo, dos personas que tienen un conflicto empresarial muy grave acuden a los tribunales y el juez decide derivar a mediación. Cuando esta empieza, los mediadores han conseguido que hablen y ellos consideran que ya no es necesaria, porque ya podrían llegar a un acuerdo mediante los abogados. Este asunto, si no se computa bien, podemos decir que no hay acuerdo de mediación y que ha fracasado. Pero en realidad ha conseguido diálogo. Por otro lado, cuando existe un conflicto vecinal suele haber varios. Si realmente la mediación es eficaz, se archivarán varios procedimientos con una sola mediación. Suele decirse que la mediación es como un iceberg, que se resuelve también la parte que está debajo del agua, pero que, actualmente, no lo computamos correctamente.

Por lo tanto, no podríamos decir si aligeraría los juzgados porque no tenemos registros válidos. Mi impresión es que sí. Pero de los datos que recogía en el CGPJ (hasta 2017) puedo decir que los acuerdos por mediación estaban en torno al 75%, que es una barbaridad, por lo que debería estudiarse más su aplicación. Además, en Canarias apostaron por la mediación tras hacer un estudio económico y ver que era más barato.

Forma parte del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme). ¿En qué situación se encuentra España respecto a otros países europeos en el desarrollo de la mediación?

España está bastante bien, mejor de lo que pensamos. La diferencia entre España y otros países es que pensamos que hacemos poco y que en otros lugares cuentan que hacen mucho. Por ejemplo, he trabajado con equipos belgas, franceses, italianos y griegos y creo que aquí no hay que envidiar nada a ninguno de ellos. Realmente lo que necesitaríamos es que la mediación se conozca más, pero este es un problema común a todos los países. El Parlamento Europeo encargó a la Comisión Europea que hiciera un informe que explicara por qué la directiva de mediación no supuso un desarrollo de la mediación como se preveía y este documento, que luego acogió el Parlamento en una resolución, deja claro que no se conoce claramente y que la gente no lo utiliza por esa razón. Habría que darla a conocer porque, cuando sí se sabe lo que es, la gente la demanda.

En España la mediación está bastante desarrollada. Bajo mi punto de vista, la calidad de la mediación penal es bastante más alta que la que se hace en otros sitios. Por ejemplo, en Bélgica, que es pionera en justicia restaurativa hacen muchas mediaciones por teléfono mientras que eso en España es inaudito. En Italia se hace mucha menos mediación en cualquier ámbito.  Y, por último, se mira mucho lo que se hace en España en este ámbito. Se ha desarrollado mucho en el campo administrativo, mientras que en otros países no se ha hecho de igual manera.

¿Y qué medidas se podrían adoptar para que la mediación sea más conocida?

En los países donde más desarrollada está la mediación se aplican medidas de sanción si una parte, sin ningún motivo, no acepta y a lo largo del procedimiento se ve que hubiera sido idónea se le puede condenar a pagar las costas por mala fe procesal aunque gane el pleito, y de fomento, como una fiscalidad más favorable.

En el proyecto de ley de Eficiencia Procesal que no se aprobó, el título primero se dedicaba a métodos alternativos de solución de controversias. Este obligaba a acudir a un método alternativo antes de ir a la jurisdicción. Es decir, si presentabas una demanda no la admitían a trámite si antes no habías intentando una solución consensuada. También se intentó que el Ministerio de Hacienda no tratara fiscalmente peor estos acuerdos que los obtenidos judicialmente. Muchas veces hay transacciones entre los abogados que hacen entrar como demanda y luego dicen que hay acuerdo porque el acuerdo extrajudicial tiene una fiscalidad y el judicial no tiene. Otra medida puede ser que la mediación sea gratuita para las partes o que si tienen derecho a justicia gratuita la mediación también lo sea.

Volvemos a la actualidad para hablar de los desafíos que se ha planteado en su nueva etapa en Palencia

Soy la coordinadora provincial de mediación de Palencia y uno de los retos es intentar que se desarrolle la mediación en todos los órganos judiciales de la provincia.

Por último, es la primera mujer magistrada de la Audiencia Provincial. ¿Qué supone esto para usted?

Cuando llegué a la carrera judicial  éramos pocas mujeres y estaba acostumbrada a ser una de esas pocas mujeres. Ahora, me lo han dicho en Palencia y me lo tomo con mucha tranquilidad.