Poco podía imaginar Luis Planas cuando llegó a la cartera de Agricultura que en los cinco años que han pasado desde entonces tendría que enfrentar circunstancias como una pandemia, un volcán, Filomena, una guerra, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el aumento de los costes de producción, la guerra arancelaria internacional, el encarecimiento de los insumos, el paso de los cereales por el Mar Negro o los vuelcos de camiones españoles en la frontera con Francia. Una prueba tras otra para el músculo agroalimentario español que ha conseguido seguir funcionando y garantizar el suministro de alimentos, unas veces gracias al ministro y otras a pesar de él.

En estos años, aunque se alaba la actitud dialogante de Planas y su conocimiento de la materia que gestiona, el sector ha echado de menos una defensa más vehemente de los intereses de agricultores y ganaderos en determinadas situaciones propiciadas por el propio Gobierno al que pertenece, como los ataques del exministro de Consumo, Alberto Garzón, a la ganadería española o la prohibición de la caza del lobo al norte del Duero, auspiciada por Teresa Ribera y su Ministerio para la Transición Ecológica. Más recientemente, se le acusa de ponerse de perfil en la crisis de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), dejando toda la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, el campo tiene preparadas sus demandas para estos próximos cuatro años. Unión de Uniones, por ejemplo, ha manifestado su temor a que el ministro «siga a rajatabla» el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Sumar, que «no responde a las necesidades del sector». En concreto, la organización señala el caso de la cadena alimentaria, sobre lo que comenta que si no se toman «medidas efectivas para que la ley se cumpla», los agricultores y ganaderos, que son «el eslabón más débil», seguirán recibiendo precios por debajo de costes. Unión de Uniones ha recordado a Planas, además, que «tiene numerosos temas que ha dejado sin resolver en la anterior legislatura» con la firme confianza de que «se ponga ya manos a la obra para resolverlos en beneficio de los agricultores y ganaderos españoles».

«Desde UPA esperamos que Luis Planas se reúna más, escuche más y tenga más en cuenta a los agricultores y ganaderos españoles y a sus representantes legítimos, las organizaciones profesionales agrarias»; es lo que ha solicitado esta organización agraria tras conocerse el nombramiento de Planas al frente de Agricultura. UPA se ha congratulado de los compromisos realizados por el presidente del Gobierno en el debate de investidura, como la aprobación de la Ley de la Agricultura Familiar y una potente inversión en modernización de regadíos, ya que consideran que son «medidas irrenunciables y urgentes» para el campo español. Pero recuerdan que entre las tareas que tendrá que afrontar Planas en esta nueva Legislatura estará un desarrollo amplio de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Cien propuestas.

Por su parte, COAG ha elaborado un documento con las 100 medidas necesarias para la nueva legislatura 2023-2027, entre las que no olvida «hacer nuestra la Ley de la Cadena, denunciando su incumplimiento, extendiéndola a todas las producciones, haciendo valer que los precios cubran los costes de producción». En el escrito, además, se traslada a Planas la necesidad de proteger y reforzar modelo social y profesional de agricultura. «La definición de un modelo de agricultura y ganadería socialmente necesarias pretende proteger a las personas que mantienen las explotaciones más vulnerables, imprescindibles para garantizar nuestra soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática y energética. Y esto es protegerlas frente a una agricultura y ganadería basadas en modelos uberizados, insertas en largas cadenas de comercio global, financiadas con grandes capitales y/o fondos de inversión, que acaparan recursos naturales limitados y que se disfrazan de agricultura familiar o sostenible», ha subrayado Miguel Padilla, secretario general de COAG.

Padilla se ha preguntado: «¿La producción, la tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o en manos de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en nuestros pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?». Esta legislatura, con la Ley de Agricultura Familiar, debe poner las bases y medidas para frenar la reconversión y provocar una gran incorporación de jóvenes a la agricultura. Para ello es imprescindible limitar la entrada de esos fondos de inversión y la especulación con la producción, la tierra y el agua, han asegurado desde COAG.

La Federación Española de Productores y Exportadores de frutas y hortalizas (FEPEX) ha pedido a Luis Planas que la competitividad y la seguridad alimentaria, además de la recuperación del consumo de frutas y hortalizas, sean «objetivos prioritarios» durante la nueva legislatura. La federación considera, además, que puede «colaborar activamente con el sector ante Bruselas para rectificar la incoherencia entre los objetivos enunciados por la Comisión Europea y las medidas después planteadas», especialmente en proyectos de reglamento como el de uso de productos fitosanitarios y el de envases y residuos de envases.

Nueva Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación.

Dentro de la reestructuración de ministerios que se ha realizado con el arranque del nuevo Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas dispondrá, como novedad, de una Secretaría de Estado, que llevará por nombre Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación. Hasta ahora, el departamento de Planas era el único que no contaba con un organismo de este tipo, si no simplemente con una Secretaría General.