El primer párrafo del documento publicado por COPA-COGECA (agricultores y cooperativas europeos) acerca del reto de los fitosanitarios en la agricultura resume muy bien el problema: «Reducir el uso de productos fitosanitarios (PPP) es un objetivo compartido por todos en Europa. La cuestión no es SI, sino CÓMO reducir de forma sostenible el uso de estas sustancias, ya sean químicas u orgánicas, y con qué sustituirlas».

COPA-COGECA y ASAJA llevan meses denunciando que la propuesta de reducción de Bruselas, tal como está, no está en contacto con la realidad sobre el terreno, no ha sido evaluada adecuadamente y, por tanto, propone transiciones que ni siquiera están financiadas. Por eso estas organizaciones han hecho público un escrito (disponible en asaja.com) para «explicar a todos aquellos que quieran comprender, más allá de polarizaciones simplistas y retórica política, qué está en juego para las comunidades agrícolas en la propuesta actual y por qué podría ampliar dramáticamente la brecha entre las ambiciones y las aplicaciones en el campo».

Para los agricultores se trata de un reto importante, ya que los efectos del cambio climático también están modificando rápidamente las necesidades de protección de los cultivos frente a nuevas plagas y ataques de hongos. Mantener los cultivos sanos minimizando al mismo tiempo el uso de productos fitosanitarios es el núcleo del pensamiento agrario. Afecta a muchos aspectos del trabajo agrícola, como los rendimientos, las horas de trabajo, la selección de variedades, las rotaciones de cultivos y la competitividad de las explotaciones, todo lo cual repercute en los precios, la producción, las importaciones y, en última instancia, en parte de nuestra seguridad alimentaria.

Es fácil entender por qué estas cuestiones estratégicas son un hito del debate europeo. La propuesta de Reglamento sobre el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios (SUR) se anunció en 2020 con el lanzamiento de la estrategia 'De la granja a la mesa', con un objetivo emblemático de reducción del 50% de los productos fitosanitarios para 2030. Las expectativas eran altas entre las comunidades agrícolas, que esperaban detalles concretos sobre medidas técnicas, alternativas y un marco financiero que evaluara con precisión el coste de la transición, explica la organización europea en el documento.

La realidad, sin embargo, fue amarga, lamentan. La propuesta de la Comisión nunca pasó de la fase de intenciones políticas, creando una brecha sin precedentes entre la ambición declarada y la debilidad de las medidas propuestas. Como parte del proceso de codecisión europeo, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (Comisión ENVI) estaba facultada para modificar la propuesta de la Comisión. ¿El resultado? En lugar de reequilibrar el texto, los eurodiputados de la Comisión ENVI se decidieron por uno aun más desequilibrado y alejado de la realidad.

Por lo tanto, si el texto, tal como está, se votara en el pleno a finales de noviembre de 2023 y luego fuera confirmado en trílogo, desde COPA-COGECA creen que se confirmaría el resultado de diversos estudios que vaticinan que muchos sectores agrarios como cereales, proteaginosas, frutas y hortalizas se verán al borde de un precipicio hacia finales de esta década, con impactos en cascada difíciles de imaginar.

El pasado mes de octubre, los eurodiputados de la Comisión ENVI votaron a favor de exigir a los agricultores europeos que reduzcan su uso de productos fitosanitarios químicos en al menos un 50% y un 65% en el caso de las sustancias más peligrosas para 2030 respecto al periodo de referencia 2013-2017. ¿Qué realidades se esconden tras estos objetivos para los agricultores? Por increíble que parezca, no se ha realizado ningún estudio sobre los objetivos propuestos por la Comisión ENVI, lo que los convierte en un mero tótem político que está fuera de contacto con la realidad agrícola europea, según la organización de agricultores y cooperativas.

Sin ningún estudio de impacto serio, ¿se eligió 2030 porque era un número redondo?, se preguntan. De aplicarse así, las comunidades agrícolas de la UE dispondrían de pocos años para replantearse drásticamente su método de cultivo. Para muchas producciones de cereales, proteaginosas, frutas y hortalizas, sin alternativas compensatorias ni financiación hasta la fecha, si se adoptara ese periodo de transición, la pregunta sería sencilla: ¿sigue mereciendo la pena el coste de producir?

¿Otras opciones?

Las alternativas a los productos fitosanitarios químicos son un punto clave del debate. Así, es un paso relevante tanto de la Comisión como del Parlamento presionar a los estados miembros para que dediquen más medios a la autorización de esas alternativas y simplifiquen el procedimiento para acelerar esa autorización, exigen desde COPA-COGECA. Sin embargo, desde la perspectiva del usuario final, la pregunta sigue siendo: ¿será suficiente para alcanzar los objetivos en 2030? Se tarda una media de 11 años en desarrollar nuevos productos fitosanitarios. Observando alternativas como los productos de biocontrol, desde 2011 solo han salido al mercado entre seis y siete nuevos al año de media.

Desde 2017, las nuevas sustancias de biocontrol no compensan las sustancias convencionales que los agricultores de la UE ya están perdiendo debido a evaluaciones de riesgo más estrictas para la reautorización. Es de esperar que el número anual de productos de biocontrol autorizados aumente con la racionalización del procedimiento de autorización, pero la organización duda de que vaya a ser suficiente para hacer un cambio de aquí a 2030. Por eso también consideran tan importante el tiempo de transición.

Además, las alternativas como los productos de biocontrol se centran principalmente en cultivos específicos (como la jardinería, la viticultura o la arboricultura), dejando a otros cultivos (cereales, cultivos herbáceos u horticultura) con opciones demasiado limitadas. Por último, añaden, incluso en el caso de los cultivos para los que existen sustancias de biocontrol, la mayoría de las veces es necesario utilizarlas junto con productos fitosanitarios convencionales para que resulten eficaces.

Por otra parte, la Comisión ENVI considera claramente que los agricultores deben recibir apoyo financiero para cumplir las obligaciones del SUR y ser compensados por los costes que acarrea y las pérdidas de ingresos derivadas de la introducción de la gestión integrada de plagas. Para ayudar a los agricultores a reducir el uso de productos fitosanitarios químicos, la Comisión ENVI pide a los Estados miembros que consideren el mayor número posible de fuentes de financiación a su disposición, incluidos los fondos de la UE y las contribuciones nacionales, así como las ayudas estatales.

Las intenciones de la Comisión ENVI son, pues, loables, pero las preguntas concretas para las que los agricultores esperan respuestas son más precisas: ¿cuál es la magnitud financiera de la transición SUR? ¿Cómo se repartirá el coste de esta transición? Como hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio de impacto, la cuestión del coste de esta transición no se ha cuantificado y, por lo tanto, no se puede debatir con más detalle, lo que da lugar a una propuesta que sigue siendo muy vaga sobre este punto fundamental, lamenta COPA-COGECA.

Zonas sensibles.

La cuestión de cómo definir las zonas sensibles ha sido objeto de un intenso debate, y con razón. La Comisión ENVI decidió adoptar un enfoque en el que todas las zonas definidas como sensibles en virtud de las Directivas Hábitat y Aves se considerarán no aptas para el uso de productos fitosanitarios, incluidas las sustancias de bajo riesgo, con excepción de los productos fitosanitarios de biocontrol y orgánicos. Además, el Comité ENVI propuso, junto con la Comisión, que «todas las zonas que se definan en el futuro como sustento de especies de polinizadores amenazadas» se considerasen zonas sensibles.

COPA-COGECA denuncia que, una vez más, no se ha realizado ningún estudio a escala europea sobre la propuesta de la Comisión ENVI para determinar cuánta superficie se vería afectada y cómo se distribuiría entre los Estados miembros. En el caso de Alemania, si tomamos las superficies protegidas en virtud de las Directivas Hábitat y Aves, se considera que se trata de entre el 19% y el 25% de las tierras agrícolas. En Eslovenia, es de alrededor del 50% y del 6% en Francia. Las disparidades también pueden ser enormes entre regiones de un mismo Estado. En Alemania, un estudio reciente estimaba que la prohibición de utilizar productos fitosanitarios químicos provocaría una reducción del rendimiento del 30% en los cereales de invierno, del 40% en la colza y de entre un 30% y un 100% en el sector de las hortalizas. La situación es aún más peligrosa si se añaden a esto las zonas que sustentan a los polinizadores en peligro de extinción, que todavía no se han definido. La organización se pregunta si hay algún responsable de la UE que conozca hoy el impacto real de la propuesta SUR para los agricultores que tienen tierras en zonas sensibles.

Por si esto fuera poco, el enfoque de la Comisión ENVI tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista agronómico, ya que la mayoría de los biocontroles se utilizan en combinación con productos fitosanitarios tradicionales. Al prohibir totalmente su uso en zonas sensibles, la cruda realidad es que para muchos agricultores, en las condiciones actuales, esto significa que no hay alternativa. Por último, hay que dejar claro que el hecho de que un producto fitosanitario sea ecológico no significa que represente menos riesgo para el medio ambiente y la salud.

COPA-COGECA también ve problemas en otros puntos de la propuesta de la Comisión ENVI. Las zonas tampón entre cultivos y zonas frecuentadas o ecológicamente sensibles, por ejemplo, pueden suponer una gran traba para los agricultores, sobre todo en el caso de parcelas estrechas.

Además, los eurodiputados de la Comisión ENVI exigen al agricultor un almacenamiento mínimo de datos durante siete años con información que va desde todas las medidas paliativas aplicadas o no y sus justificaciones, los motivos de la aplicación de productos fitosanitarios, la forma en que se aplicaron y la cantidad utilizada, hasta el nombre del asesor y el contenido de su asesoramiento. Además, se exige que se conserve un registro electrónico de cada aplicación de productos fitosanitarios y un informe sobre cualquier aplicación aérea durante un periodo mínimo de 20 años y que se anonimice al cabo de siete años. Así pues, la lista de información que debe facilitarse se ha ampliado considerablemente.

Sobre el papel, la propuesta parece clara, pero su aplicación no lo es tanto, aclaran en COPA-COGECA. Cuando los agricultores tienen que llevar a cabo tratamientos, a menudo están relacionados con las condiciones meteorológicas y tienen que actuar con rapidez. Tener que rellenar a priori un registro en línea puede ser estresante, complejo y, sobre todo, muy burocrático. Si se aprueba la propuesta de la Comisión ENVI, ¿cómo se las arreglarán los agricultores en zonas donde el acceso a internet es limitado? ¿Y los agricultores con menos conocimientos tecnológicos? El plazo de un año para codificar la información propuesto no parece una respuesta suficiente.

Diez años más de glifosato.

La Comisión Europea (CE) anunció hace unos días que renovará para un periodo de diez años la autorización para el uso del herbicida glifosato, que vence el próximo 15 de diciembre, después de que los Estados miembros del club comunitario no fueran capaces de lograr un acuerdo a favor o en contra en una reunión celebrada el jueves pasado. El 13 de octubre, los Estados miembros, reunidos en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, votaron la propuesta de la Comisión de renovar, por diez años, el uso del glifosato, pero no se consiguió la mayoría necesaria para aprobar o rechazar la iniciativa. Por ello, la semana pasada la propuesta se volvió a votar en un Comité de Apelación en el que los países de la Unión Europea, una vez más, «no alcanzaron la mayoría cualificada requerida para renovar o rechazar la aprobación del glifosato», según la CE. En ese contexto, corresponde a la Comisión tomar la decisión final y ya ha adelantado que renovará la autorización durante diez años. Los agricultores acogen la medida con satisfacción, pero quedan pendientes las limitaciones derivadas del SUR.