La pena más frecuente que imponen los jueces y magistrados palentinos a personas mayores de edad es la multa. Prácticamente uno de cada tres castigos dictados en la provincia durante el pasado año obligaron al condenado a pagar dinero por sus acciones ilegales, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras extraerlos del Registro Central de Penados, el lugar donde se inscriben las resoluciones firmes por la comisión de un delito que impongan penas o medidas de seguridad dictadas por los Juzgados o tribunales del orden jurisdiccional penal.

En términos absolutos, la cifra total de penas ascendió durante el pasado ejercicio a 2.492, de las cuales 804 (el 32,26%) fueron sanciones pecuniarias. Se trata de la condena más habitual en Palencia desde 2016, el primer año completo tras entrar en vigor en julio de 2015 una reforma del Código Penal que suprimió las faltas y las convirtió en delitos leves, pasando estas a incluirse en esta estadística.Desde entonces, siempre ha superado a las penas de prisión, la segunda sanción más frecuente en 2023, con 409 sentencias durante el pasado ejercicio, el 16,41% del total.

Además, esta circunstancia legal, que provocó que cualquier persona con delitos leves tenga antecedentes penales (al contrario que las faltas), está detrás del aumento de las penas económicas a los condenados, que en los últimos diez años aumentó en un 83,56%.  «Los delitos leves hacen la función de las faltas. Quizá por ese sentido hayan aumentado las multas en la estadística», comenta el abogado Antonio Nájera.

En cambio, el número de castigos de prisión descendió un 5,54% en una década. En este caso, comenta que detrás de este comportamiento puede encontrarse las conformidades a las que se llegan actualmente en las diversas sedes judiciales entre la acusación particular, el fiscal y la defensa. 

En tercer lugar, con 397 penas (el 15,93%) apareció la inhabilitación especial para un determinado empleo y en el cuarto, con 198 castigos (el 7,95%), la prohibición de aproximarse a la víctima. Las penas aumentaron un 6,72% y un 62,3% entre 2013 y 2023, respectivamente, siempre según la información del INE.

MÁS SUBIDAS. En la última década, aumentaron las penas de prohibición de comunicarse con la víctima en un 57,8% hasta alcanzar las 172. Por otro lado, al alza también aparecen la privación del derecho de tenencia de armas, que fue ordenada en 150 veces (un 36,36% más), y el capítulo de resto de penas, que paso de tres a 26 penas. Aquí figuran el arresto de fin de semana, la inhabilitación absoluta, la suspensión de empleo o cargo público o la privación del derecho a residir en determinados lugares. Por otro lado, cabe citar que en 2023 no se registró nunca expulsión del territorio nacional. 

Pese a que el número de penas en los últimos diez años ascendió un 24,91% -un porcentaje inferior al registrado en el conjunto de España(35,19%)- hubo alguna pena más que se aplicó menos. Es el caso de la obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad, que se ordenó en 169 veces (un 12,89% menos) y la retirada del carnet de conducir, que se dictó en 167 ocasiones (un 21,96% menos).

En total, estas penas se impusieron a 911 personas (763 hombres y 148 mujeres), siendo el 88,58% de nacionalidad española y el 11,42%, extranjera. Respecto al número de castigos, a 331 le recayó uno y a 580, dos o más. 

DELITOS SEXUALES. 33 de las 2.492 penas impuestas fueron por la comisión de un delito sexual a las diez personas condenados por este tipo de infracciones. En este caso, la cifra de culpables aumentó un 50% respecto a 2017 (el dato más antiguo que ofrece el INE), aunque entre medias hubo años con números más altos.

Por el contrario, hace siete años se dictaron más castigos (42) por este tipo de delitos, cuyo autor pasa a aparecer también en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La libertad vigilada, la opción más común entre los menores. Los menores de edad también cometen delitos que son juzgados por jueces y magistrados. Concretamente, a lo largo de 2023 dictaron 106 medidas contra personas que aún no habían alcanzado los 18 años. Fueron un 29,26% más que hace diez años. La orden más frecuente durante el pasado ejercicio fue la libertad vigilada, que se aplicó en 48 ocasiones. En segundo lugar aparece la prestación de labores en beneficio de la comunidad, que fue dictada en 22 veces. Por detrás figuran la realización de tareas socio-educativas (17), la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo (ocho), el internamiento semiabierto (seis), la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y la permanencia de fin de semana (dos en ambos casos) y el internamiento cerrado (una ocasión).