Álvaro García Ortiz pasará a la historia como el primer fiscal general del Estado que es procesado formalmente por la Justicia después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad, haya abierto una causa contra él por supuesta revelación de secretos ante las sospechas de que filtró datos tributarios confidenciales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los hechos por los que se investigará a García Ortiz son suficientemente graves como para exigir su inmediata dimisión, pero su conducta es más repudiable si se considera que respondía a una finalidad política: beneficiar a una opción política debilitando las posibilidades de su adversario, lo que implica quebrantar el principio de imparcialidad y violar el mandato constitucional de velar por el interés público, poniendo una institución de todos al servicio de unas necesidades partidistas.
La impugnación legal se suma a una amplia lista de actuaciones del fiscal general cuestionables desde el punto de vista ético e inaceptables desde una perspectiva estética, desde su origen, pues su nombramiento fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerarlo no idóneo. Entre ellas, cabe destacar la acusación de desviación de poder por parte del Tribunal Supremo en el nombramiento de su antecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala, la desarticulación de los fiscales contrarios a aplicar la doctrina del Gobierno en la amnistía a los políticos catalanes o las trabas a la investigación sobre Begoña Gómez, que le han convertido en la punta de lanza de la estrategia política del Ejecutivo obviando su misión constitucional de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad – más bien la ha entorpecido – y faltando a su compromiso de neutralidad e independencia.
El empeño de García Ortiz por instrumentalizar el Ministerio Público lamina su credibilidad y debilita a la institución. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2019 apuntó ya una concepción patrimonialista enfatizando en una entrevista que la Fiscalía dependía del Ejecutivo. Se une así a otras entidades del entramado democrático español que se han visto desgastadas en los últimos años como el propio CGPJ, el Tribunal Constitucional o, más recientemente, el Banco de España en una deriva populista que puede transformar la vida pública española. La pregunta que cabe hacerse es a quién beneficia esta vulnerabilidad y, curiosamente, la respuesta procede del propio Álvaro García Ortiz quien en una tribuna publicada en 2017 concluía: «Sólo a los delincuentes, a los corruptos, a los mafiosos, a los defraudadores, a los terroristas, a los que atentan contra el Estado de Derecho les interesa una fiscalía débil y cuestionada». Al fiscal general no se le puede negar capacidad de anticipación.