Hace un mes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cinco años en funciones por el bloqueo que se había producido por la falta de avances en las negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. 

En este lustro, el Ejecutivo se negó a aceptar la exigencia del PP de proceder a un nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo, promoviendo que fueran los propios jueces quienes eligieran a los miembros de la institución responsable de la administración de la Justicia, mientras que la coalición entonces de PSOE y Podemos se resistía a que se cambiara la fórmula. Incluso, avanzaron nombres de posibles vocales que el PP rechazaba sistemáticamente, porque entre los jueces que promovían se encontraban Ricardo Prada, al que el PP consideraba un profesional de reconocida animadversión hacia su grupo, y el otro nombre era el de la jueza Victoria Rosell, de Unidas Podemos.

A principios de 2023, Bolaños y Pons, que celebraron múltiples reuniones para desbloquear la situación, llegaron a un consenso. Muy concreto, tanto como el que sellaron en Bruselas esta semana. A punto de la firma, se publicaron noticias que aseguraban que, por exigencia de sus socios independentistas, Sánchez estaba decidido a anular del Código Penal el delito de sedición y reducir el de malversación. A falta solo del anuncio de un pacto, Pons le preguntó a Bolaños si era cierto que se anularía este punto, pues en ese caso lo pactado era papel mojado. El titular de Justicia se lo negó taxativamente y, cuando se anunció a las pocas horas, el PP no solo denunció el engaño sino que cerró cualquier tipo de posibilidad de seguir negociando.

Meses atrás, desde Bruselas se advirtió tanto a Moncloa como al PP que la situación española era contraria a las normas europeas sobre las instituciones judiciales y el nombramiento de los jueces, y de nuevo empezaron a negociar Bolaños y Pons -que mantienen una relación cordial en lo personal- con variaciones respecto a la situación anterior por las presiones de la UE. 

El Ejecutivo estaba dispuesto a pactar un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ, mientras que el PP pedía que se eligieran primero esos miembros y que en el pacto recogiera el anuncio de que se redactaría a corto plazo el nuevo sistema en el que los vocales serían votados por los jueces. 

Pons fue más lejos: pidió que las negociaciones se hicieran ante el comisario de Justicia de la UE Didier Reynders, belga reformista. Con la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, en segundo plano. Checa y liberal, responsable de los asuntos relacionados con la Justicia. Su papel venía obligado porque Reynders dejó la comisaría ya que va a ser el próximo presidente del Consejo de Europa. No confundir con el Consejo Europeo.

Hace aproximadamente un mes se produjo la fumata blanca. Texto del acuerdo, con las palabras muy medidas, elección de los 20 miembros propuestos por el Gobierno y PP, y anuncio de una próxima fórmula de nombramiento de los miembros del Consejo a través de una ley que se aprobaría no más allá de seis meses. Según el texto, serían los vocales los que elegirían al nuevo presidente o presidenta del Consejo. 

Pons y Bolaños, conforme a las instrucciones de Génova y Moncloa, decidieron hacer el anuncio después de las elecciones europeas y realizados los primeros movimientos para nombrar a los nuevos presidentes de las instituciones comunitarias. 

Hubo enfado de Podemos y el PNV por no haber participado en las negociaciones; Sumar inmediatamente se apuntó que ellos sí habían participado e, incluso, elegido dos miembros de la lista de 20 . Tanto PSOE como PP aseguraron que no fue exactamente así, que Yolanda Díaz no tuvo papel en las negociaciones aunque sí hay dos o tres vocales que podría considerarse cercanos a la izquierda del PSOE. 

El texto se selló en Bruselas con Eva Jourova como testigo y palabras de satisfacción de la Comisión Europea y los dos firmantes españoles. Hubo quien se preguntó por la anomalía de que el acuerdo no lo rubricaran Pedro Sánchez y Feijóo, dada su relevancia. Algunos lo justificaron con que el líder socialista estaba muy pendiente de la situación de su suegro, que finalmente falleció el pasado miércoles. Otros, sin embargo, vieron algo turbio en aquella destacada ausencia.

No vinculante

No les faltaba razón. Turbio, o de engaño, porque no habían transcurrido 24 horas cuando el propio Bolaños, en el Congreso, anunció que el acuerdo no era vinculante, y que había mucho que negociar todavía respecto a la elección de los miembros del Consejo. Nada más conocer las palabras del ministro, Pons advirtió que el texto era inamovible, que lo escrito era lo que se había pactado, y que si el Gobierno no aceptaba el sistema consensuado que se había pactado y el PP rompía el compromiso. 

No fue lo peor: no pasó mucho tiempo sin que trascendiera que, por exigencia de Junts y de Puigdemont, que sigue aspirando a regresar a España libre de cargos judiciales y ser presidente de la Generalitat, el Gobierno aceptaba finalmente eliminar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el artículo que recoge que si una instancia superior española presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, se suspendía la aplicación de esa norma o ley mientras no se pronuncie el órgano comunitario.

La reacción de las autoridades europeas no se hizo esperar, como tampoco el PP como principal partido de la oposición y firmante del documento sobre el CGPJ. La UE explicó que las leyes y decisiones del Tribunal de Justicia de la UE prevalecen sobre las normas y decisiones de los tribunales de los países miembros y si se presentan recursos o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo es obligado suspender cualquier decisión hasta conocer el pronunciamiento del alto órgano comunitario.

En resumen: una vez más el Gobierno ha engañado, o ha intentado un trampantojo con aquellos con los que firma acuerdos, aunque se trate de pactos de Estado como el del CGPJ. Segundo, la UE recordó a Sánchez quién toma determinadas decisiones cuando se forma parte de la UE. Tercero: Moncloa está hoy en una lucha simultánea con los socios que le exigen un trato de favor con las autoridades judiciales europeas… y con el PP. Esto último, forma parte del comportamiento habitual en las democracias, las tensiones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Pero según aseguraron en Génova, Feijóo, más que nunca, está decidido a no permitir que el Ejecutivo se salte y manosee las decisiones de la Justicia. 

Esta vez ya no se trata solo de la Justicia española, sino que Sánchez pretende tomarse también la europea a título de inventario.