CCOO y UGT se concentraron ayer en la plaza Mayor bajo el paraguas de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, marco en el que Charo Zan (secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras) y Luis Miguel Garrán (secretario provincial de la Unión de Jubilados y Pensionistas ugetista) leyeron el manifiesto conmemorativo. «Es un día  para hacer hincapié en la particular situación de las personas de edad en todo el mundo; en cuanto al disfrute de sus derechos y cómo hacer frente a las violaciones de los mismos, así cómo el fortalecimiento de la solidaridad a través de la equidad y la reciprocidad entre generaciones que ofrezca soluciones sostenibles para cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible», recogía el documento. También de reivindicación y de exigir al conjunto de las administraciones públicas «políticas encaminadas a seguir avanzando en la mejora del estado de bienestar social».

Consideran «necesaria» una Ley Integral de los de los Derechos de las Personas Mayores, que «garantice la protección específica de nuestro colectivo, en todos los ámbitos». Exigen una sanidad pública de «calidad», en la que «se integren la salud mental y bucodental», y que se dote «suficientemente» de medios materiales y humanos a la Atención Primaria, «hasta llegar al 25% del gasto en sanidad, y no el 7% actual». «Los profesionales de la medicina rural alertan que la población está desatendida, afectando a la salud y capacidades autónomas, especialmente a las personas de edad avanzada, que son mayoritarias en esas localidades», según el manifiesto.

También se dirigieron al Ayuntamiento de Palencia y a la Diputación, admistraciones a las piden que «mejoren la ayuda a domicilio, ofreciendo un servicio adecuado de calidad, de forma que las personas puedan permanecer atendidas correctamente en su domicilio el mayor tiempo posible». Otra de lasreivindicaciones es «potenciar la puesta en marcha de la teleasistencia avanzada».

«Llevamos años reclamando a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha el programa de cuidados para las personas dependientes de la Comunidad, independientemente de donde residan», según expusieron, así como la exigencia a la Administración autonómica que «garantice el derecho a una vivienda digna, con alquileres sociales, movilizando el parque de viviendas vacías».