Un hombre asumió ayer, tras la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial, una pena de dos años de prisión como autor de un delito de revelación de secretos en concurso medial con otro de falsedad en documento oficial. El Ministerio Fiscal redujo en dos años y seis meses la petición inicial de cárcel, la cual, en un principio, se situaba en cuatro y medio. 

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Diario Palentino, el autor de los hechos mantenía una relación de amistad con la víctima, quien, en años anteriores, había acudido a él para la elaboración de la declaración de la Renta. La ruptura «total» de aquella amistad, según el fiscal, tuvo lugar en 2021 debido a las «desavenencias» en el ámbito laboral. 

A pesar de que la denunciante ya no tenía relación con el acusado, este último, sin autorización de la primera, le elaboró una declaración de ampliación del IRPF referente al ejercicio de 2020 para perjudicarla como «venganza por sus diferencias personales», introduciendo unos datos que no coincidían con sus obligaciones tributarias y que resultaron en el ingreso de 4.062,98 euros, según recoge el escrito de acusación. 

Para ello, el ahora condenado accedió a la página de la Agencia Tributaria desde el ordenador del puesto de trabajo de la víctima, ya que disponía de una copia del DNI y de otros datos personales de esta última. 

La denunciante tuvo conocimiento de la maniobra efectuada por el procesado en junio de 2021, cuando se cargó en su cuenta bancaria una cantidad de 4.494,50 euros correspondiente a la suma de la supuesta deuda tributaria y la devolución que ella había solicitado, la cual, con los nuevos datos, resultaba indebida. Tras las reclamaciones de la víctima, la Agencia Tributaria procedió a la reintegración de ambas cantidades.

Además de la pena de prisión, el autor de los hechos aceptó el pago de una multa por tiempo de diez meses a razón de cinco euros al día. En el apartado de responsabilidad civil, aceptó también el pago de 10.000 euros. 

Asimismo, el Ministerio Público determinó la inhabilitación por tiempo de dos años para desempeñar un puesto de funcionario en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla yLeón, así como en otras funciones tributarias. Cabe señalar que, en un inicio, se había solicitado la inhabilitación absoluta por tiempo de siete años.