La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza, volvió a convertirse la pasada semana en moneda de cambio entre el Gobierno y sus aliados independentistas, cuando está a punto de cumplir una década desde su entrada en vigor. El Ejecutivo, en su empeño por contentar a sus socios de EH BIldu, cerró un pacto con ellos para modificar la norma, en cuyo texto se imponen las sombras sobre las luces.
Así, destaca la prohibición de las pelotas de goma, el compromiso de acabar con las devoluciones en caliente e imponer nuevos límites para las sanciones por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad. Una modificación legislativa, que supone «limitar las actuaciones de los Agentes de la Autoridad» ante episodios de conflictividad social, que inmediatamente fue rechazado por la oposición y por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
De este modo, por una parte, la pregunta que se hacen en el PP, y que da pie a las críticas que lanzan los de Alberto Núñez Feijóo hacia esta reforma, es si les parece «razonable» que sea la formación abertzale quien marque el rumbo al país con sus exigencias a Pedro Sánchez en una materia tan sensible como la seguridad ciudadana.
Pero también los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil alzan la voz contra los cambios en la ley. Desde estos colectivos, denuncian que «ponen en riesgo su imagen e identidad como agentes, su derecho a la intimidad, su integridad y la de sus familias». Eso por no hablar, destacan, de la preocupación que les suscita que sean los «herederos de ETA los que fijen las líneas de actuación» en este sentido.
Y ¿por qué ahora sí saldrá adelante la reforma y no será tumbada como ya ocurrió la pasada legislatura, cuando ERC y Bildu votaron en contra? Son muchas las voces que apuntan a que, en estos momentos, están en juego los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Con este movimiento, los abertzales se adelantan al PNV y se alzan con la recompensa.
Puntos polémicos
Más allá del terreno político, el cambio legislativo incluye una serie de puntos polémicos que afectan de forma directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un listado que contempla que grabar a los agentes no constituirá infracción o que las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente.
Asimismo, se reducirá el tiempo de las detenciones (pasará de un máximo de seis horas a dos), el arrestado tendrá que ser devuelto al lugar donde se inició la intervención y el atestado policial perderá la presunción de veracidad. Este último aspecto es especialmente radical, ya que, según los agentes, de la presunción de veracidad se pasaba directamente a la «presunción de culpabilidad», lo que generaría gran «inseguridad jurídica».
De igual forma, la reforma contempla un cambio en la cuantía de las multas (se elimina la intención disuasoria de las sanciones y se pasa a tener en cuenta la capacidad económica de cada persona) y convierte en infracción leve la tenencia de drogas. Hasta ahora, la posesión de estupefacientes, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en la vía pública y en establecimientos, era una infracción grave.
Finalmente, destaca en la reforma la incorporación del concepto del DNI plurilingüe, en un claro guiño a los socios nacionalistas e independentistas de Sánchez.