Majadahonda, Madrid. Un céntrico edificio reformado y sin estrenar, compuesto por una docena de viviendas y varios bajos comerciales, lleva okupado desde el pasado mes de septiembre, cuando varios individuos accedieron al inmueble pese a la vigilancia que había puesto el constructor mientras se disponía a comenzar a vender los pisos. Los vecinos de la zona denuncian el aumento de la inseguridad desde la llegada de estos nuevos inquilinos y, tras más de medio año disfrutando de las comodidades de vivir en este privilegiado enclave, el dueño, cansado de que ni jueces ni policías actúen para desalojar su propiedad, decide contratar a una compañía privada -Desokupa- que se ha hecho un nombre por el éxito que tienen sus negociaciones para recuperar los pisos en casos similares. Pero, en esta ocasión, todo se complica. Los 15 miembros de la empresa, algunos acompañados por perros y con estética paramilitar, son recibidos con una extrema agresividad por los individuos que okupan el edificio. La tensión es máxima. Se parapetan en el último piso. Lanzan piedras desde las ventanas y utilizan navajas para defender lo que no es suyo, hasta el punto de que uno de los trabajadores que tratan de convencerles para que abandonen el inmueble es herido en la mano por arma blanca. Pronto acude allí la Policía local, alertada por los graves altercados que se están registrando, a la que respalda minutos más tarde la Guardia Civil, con la llegada de una decena de patrullas. Los okupas lo tienen claro. No abandonarán el lugar hasta que una orden judicial les obligue a marcharse. Saben perfectamente cómo deben actuar.        
El fenómeno de la okupación se ha vuelto a colar en el debate político tras la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley de Vivienda y la controvertida enmienda que pactó el PSOE con sus socios de Gobierno, que contempla la obligación del demandante de desalojo a acreditar si es o no un gran tenedor -cuenta con cinco o más viviendas en propiedad- y, al mismo tiempo, a indicar si aquellos que han usurpado su propiedad se encuentran o no en situación de vulnerabilidad económica, lo que llevará aparejada una evaluación de los servicios sociales autonómicos o locales siempre con una autorización previa del ocupante. Asimismo, se debe demostrar si el inmueble es vivienda habitual del okupa. Esta norma dilataría más en el tiempo -como mínimo un año- el proceso de desalojo de un piso invadido de manera irregular y beneficiaría a aquellos que han entrado ilegalmente en una casa en detrimento de los titulares de la misma. Algunos partidos van más allá y consideran que la enmienda es un incentivo para la okupación. Sin embargo, los socialistas niegan la mayor y defienden que están trabajando en la tramitación en el Parlamento de la Ley de Eficiencia Procesal, que tiene la finalidad de que en sólo 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los okupas que accedan por las bravas a una vivienda.  
La okupación en España no es algo anecdótico, como se ha indicado desde Podemos esta misma semana. Las cifras hablan por sí mismas y desde el año 2016, donde se registraron casi 10.000 casos, se ha  pasado a los 17.000 del pasado año, lo que supone un incremento cercano al 70 por ciento en seis años, con 1.400 denuncias al mes o, lo que es lo mismo, 46 cada día. El problema es que, una vez están dentro de una casa, el proceso para poder expulsarlos y recuperar la propiedad está lleno de obstáculos burocráticos y los plazos se suelen eternizar. El primer paso si se sufre es denunciarlo a la Policía para que los agentes identifiquen a los okupas y puedan completar un atestado. A partir de aquí arranca un procedimiento penal, fijándose un juicio oral y el desalojo que, dependiendo del juzgado y de la carga de trabajo que tenga, tardará en llevarse a cabo, según apunta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una media de 18 meses. 
La legislación existente en España choca con lo que sucede en otros países de nuestro entorno. En Alemania, Países Bajos o Suecia ni siquiera es necesaria una sentencia. Sólo con denunciar la situación en una comisaría, la Policía se encarga de desalojar a los okupas y posteriormente los tribunales deciden qué pena se les impone. En el Reino Unido, las fuerzas de seguridad pueden acceder a un inmueble sin orden judicial, sólo con la sospecha de que se está produciendo una okupación. En el caso de que sean los propietarios los que se percatan de esta situación, pueden denunciar y los individuos tendrán un día para abandonar la casa. La Policía incluso puede arrestarles e internarles en la cárcel, donde podrían permanecer hasta un año. Nuestros vecinos franceses tenían una norma similar a la española, pero Macron decidió endurecerla en 2021 y el desalojo se ejecuta en 48 horas siempre que se constate la existencia de un delito.      
La okupación se ha convertido en una auténtica pesadilla en España para algunos propietarios. La sociedad demanda una solución que termine con una anomalía, que parece hoy más garantista con el usurpador que con el propio dueño.