El PP escenificó ayer una unidad de partida para exigir un nuevo sistema de financiación autonómica basado en la multilateralidad y la suficiencia y válido para todas las comunidades. La declaración, suscrita por representantes de 14 de las 17 autonomías de régimen común, es incompatible con el acuerdo entre el PSOE y ERC para crear un modelo de concierto y cupo para Cataluña. Se trata de un mínimo común en una cuestión en la que territorios con ejecutivos ideológicamente afines mantienen intereses muy diferentes, pero que entienden que el planteamiento para la investidura de Salvador Illa pone en riesgo la prestación de los servicios en la mayor parte de España.
Sin embargo, el acuerdo para la financiación de Cataluña va más allá de un mero reparto de fondos, que es donde quiso situar esta semana el debate el presidente del Gobierno al prometer más recursos para todos. El verdadero problema del pacto reside en el ataque sin pudor a la arquitectura institucional, a los equilibrios territoriales y a los principios constitucionales aprobados por los españoles en 1978. Pedro Sánchez trató de justificarlo con la falacia de un supuesto camino a la federalización que no figura en la Carta Magna y que se quiere recorrer sin preguntar a los españoles. También es incompatible con el principio de igualdad en tanto en cuanto es imposible generalizarlo al resto de comunidades sin que quiebre el estado, lo que confiere a unos gobiernos medios que otros no tienen para financiarse. Incluso, viola el principio de autonomía al vincular los ingresos con el desarrollo de determinadas políticas fiscales que, sorprendentemente, decidirá la Generalitat de Cataluña tal y como recoge el acuerdo que condiciona la solidaridad a que se «lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar».
Por último, es incoherente con una base política de izquierdas que defiende que aporte más a la caja común quien más quién más tiene, como por ejemplo los propietarios de Lamborghini. Pese a ello, los portavoces del Gobierno y del PSOE insisten en justificarlo poniendo el acento en un incierto principio de solidaridad, que en el acuerdo aparece de forma condicionada y limitada, y en una vaga promesa de Pedro Sánchez de que todas las comunidades tendrán más fondos, una perogrullada dado que la riqueza del país – y con ella la recaudación - ha crecido desde la aprobación del modelo actual, aunque cabe preguntarse qué pasará en época de crisis. Lo que no ha aclarado es de dónde prevén conseguir esos fondos adicionales. Sólo se perciben dos caminos: aumentar los impuestos (hasta un 30 por ciento, según los técnicos de Hacienda) o recortar los presupuestos del Estado, la palanca más potente del Gobierno para el progreso y el reequilibrio territorial.
En este complejo escenario, es importante visibilizar un acuerdo de partida que los territorios diferentes que Sánchez ni siquiera ha intentado, pero pretender que la oposición diseñe un modelo de financiación para España es una salida argumental más propia de sofistas agradecidos que de una racionalidad madura.