El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la cual con el paso del tiempo fue apodada por parte de la ciudadanía como ley mordaza a causa de las polémicas y críticas que la normativa despertó. 

A pesar de que desde entonces los sucesivos gobiernos han anunciado su intención de derogarla, la realidad es que la ley continúa vigente en la legislación y, el pasado año, las sanciones impuestas con motivo de la misma supusieron una recaudación que roza el millón de euros en la provincia. En concreto, la cifra fue de 996.432 euros, de acuerdo con los datos que el Ministerio del Interior hace públicos y de los cuales se ha hecho eco Diario Palentino. 

Este montante es fruto, siempre tomando como referencia las cifras del Ministerio, de las 1.598 sanciones impuestas a lo largo del pasado ejercicio. En este sentido, las más numerosas fueron las relativas al artículo 36.16 de la ley, el cual se refiere al consumo o la tenencia ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. 

En 2023 se tramitaron 1.062 denuncias de este tipo en la provincia, lo que supuso una recaudación de 733.786 euros del total. Cabe explicar que esta infracción está enmarcada dentro de la tipología «grave», lo que implica que las multas oscilan entre los 601 y los 30.000 euros. 

La tramitación de este tipo de sanciones experimentó el pasado año un crecimiento en comparación con el ejercicio anterior. Así, el número de denuncias aumentó en 250, puesto que en 2022 se contabilizaron 812. Del mismo modo, la recaudación por las denuncias relativas a la tenencia o consumo de drogas tóxicas entre ambos ejercicios aumentó en casi 200.000 euros más, pasando de los 536.696 euros a los 733.786 antes citados. 

La segunda infracción con más denuncias en 2023 fue la referente al artículo 36.10, el cual está vinculado a «portar, exhibir o usar armas prohibidas; así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal». El pasado ejercicio se registraron 181 sanciones de esta tipología, las cuales se materializaron en una recaudación de 114.593 euros. 

En total, el montante de las multas aumentó en más de 250.000 euros entre 2022 y 2023, pues en el primero de los dos ejercicios este fue de 713.860 euros recaudados por las 1.182 denuncias tramitadas. 

SIN «MUY GRAVES». Es de mención que en Palencia no se ha tramitado ninguna sanción referente a las infracciones tipificadas como «muy graves» desde que entrara en vigor la ley hace nueve años. 

Estas están recogidas en el artículo 35 de la ley, y comprenden los siguientes supuestos: las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas (35.1); la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito así como la omisión, insuficiencia o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves (35.2); la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública (35.3); y la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes (35.4). 

Estas infracciones podrían suponer una sanción que oscila de los 30.001 a los 600.000 euros. 

En estos nueve ejercicios en los que la ley ha estado en vigor, la recaudación en la provincia ha alcanzado un total de 6.843.520 euros a causa de las 11.583 sanciones. Pese a estos datos, cabe recordar que el Estado se vio obligado a devolver las cuantías de las denuncias impuestas en los dos estados de alarma declarados por la pandemia.