El expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden internacional de captura por parte del Tribunal Supremo, ha sido detenido este jueves en Cerdeña por la Policía italiana de Fronteras de Cerdeña, pero las autoridades del país no han dado más detalles.
El expresidente de la Generalitat, que es eurodiputado, ha sido arrestado por agentes de paisano al llegar en avión prodente de Bruselas a L'Alguer, municipio de la isla de Cerdeña en donde tenía previsto participar en un acto junto a la consellera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, según han confirmado fuentes de JxCat y reunirse con el presidente de la región y con el síndico de L'Alguer.
La oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que en breve pasará a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña), que es competente para decidir sobre su puesta en libertad o su posible extradición.
Por su parte, Gonzalo Boye, abogado del expresidente, ha explicado en redes sociales que Puigdemont "ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado", y que la detención se produce "en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE-, se encuentra suspendida".
Medidas cautelares
El expresidente de Cataluña podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España.
Puigdemont recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España y el Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.
El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto con el que negó las cautelares de que tal decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado -su detención durante un viaje como eurodiputado- resultara suficientemente probable.
"En la hipótesis de que, con posterioridad a este auto, el perjuicio alegado pudiera sobrevenir con probabilidad suficiente, especialmente en caso de arresto por una autoridad de un Estado miembro o de la puesta en marcha de una petición para su entrega a las autoridades españolas, podrán introducir una nueva demanda de medidas cautelares", según explicaba el auto dictado el pasado 30 de julio.
Entretanto, la Justicia belga mantiene en suspenso desde febrero de 2020 su examen de las órdenes europeas de detención y entrega que el Supremo emitió contra Puigdemont y su exconseller Toni Comín a la espera de que se resuelva la cuestión de sus inmunidades como eurodiputados de JxCAT.
El auto en el que el vicepresidente del TUE negó las cautelares a Puigdemont y reactivó la suspensión de su inmunidad recoge también el Tribunal Supremo dirigió una pregunta prejudicial al propio Tribunal europeo para aclarar si Bélgica podría rechazar la extradición de Puigdemont y Comín en base a elementos de su legislación nacional que no están previstos en la decisión marco de la euroorden.
También señala que las autoridades españoles "han indicado expresamente" que la remisión de las prejudiciales "implicaba la suspensión de las órdenes de detención nacionales e implicaba la suspensión de todos los procedimientos de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciada". El auto añade que las mismas autoridades españolas indicaron que "ningún tribunal de la Unión podría ejecutar las órdenes de detención europeas hasta que el Tribunal dictara sentencia".
PP, Vox y Cs piden que no sea indultado
Los dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos, han confiado en que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado a España para sentarse ante la Justicia e instado a que no sea indultado.
Tras conocerse esta noche la detención de Puigdemont en Cerdeña, los líderes de los partidos políticos de la derecha han reaccionado inmediatamente en las redes sociales.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que Puigdemont debe ser juzgado en España por su "golpe a la legalidad constitucional", y ha recalcado que "Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder".
Desde Vox, su líder Santiago Abascal también ha escrito en su cuenta de Twitter que "este golpista renegado ha hecho mucho daño a España, especialmente a Cataluña. Espero que la justicia le siente en el banquillo y condene sus crímenes antes de que el Gobierno le vuelva a poner en la calle".
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que a la espera de conocer los detalles, la detención de Puigdemont es "una buena noticia para todos los demócratas".
"Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley", ha comentado en la misma red social.
También el juez y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha puntualizado que "la detención de Puigdemont en suelo italiano es una excelente noticia y ha confiado en que "se aplique la orden de detención europea en su verdadero espíritu para que pueda ser juzgado en España".
"Y estaría bien que al final del proceso no fuese indultado por el Gobierno de Sánchez", ha incidido al tiempo que la juez de Vox Marta Castro ha señalado que ya tiene "preparada la toga" y ha recordado que Vox es la acusación popular ante el Tribunal Supremo.