La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos desde hace meses y aun así tan solo acapara una pequeña parte del debate político. Mientras los partidos se recriminan sus acciones y omisiones en esta materia, la realidad para los ciudadanos, en especial para los jóvenes, es cada vez más difícil, obligándoles a retrasar su emancipación, a vivir en condiciones precarias o a dedicar a ello una parte desproporcionada de sus ingresos. Los precios desorbitados del alquiler o la dificultad para acceder a una hipoteca, impulsados por la alta demanda y una crisis de oferta severa, son el drama diario para demasiados españoles. La incertidumbre generada por medidas como el nuevo índice de referencia para las actualizaciones de rentas, que los expertos condenan el fracaso, o la Ley de Vivienda, que no se aplica en los territorios gobernados por PP, contribuye a la complejidad del problema.

Conscientes de los riesgos que entraña que el debate público y el político no compartan ruta, Gobierno y oposición pretenden empezar a usar la vivienda como un eje central de sus políticas sociales tras el parón navideño. Sus diferencias ideológicas y estratégicas vaticinan grandes dificultades en la búsqueda de soluciones consensuadas, pero sería exigible cuanto menos que no cayesen en la tentación de utilizar este problema como arma arrojadiza. Mientras en la izquierda se centran en la intervención pública para regular el mercado del alquiler y proteger a los inquilinos y se fijan como objetivo prioritario para este 2025 hacer modificaciones en la legislación para regular y restringir los alquileres temporales -principalmente los turísticos-, los partidos de derecha abogan por la liberación de suelo público para construcción de vivienda por empresas privadas, avales para jóvenes, y medidas para agilizar los desahucios por ocupación ilegal. Sin detallar aún en qué dirección pueden ir esas medidas, en Moncloa tienen previsto presentar este mismo mes nuevas propuestas y mover también así el foco de todo lo que viene en el terreno judicial. Es decir, todo lo relacionado con el caso Ábalos, la investigación al Fiscal General o a la mujer y al hermano del presidente. En paralelo, el PP tratará de dividir otra vez al bloque de la investidura con sus propuestas sobre vivienda. Sin olvidar su estrategia de oposición total por la presunta corrupción que atenaza al Gobierno, los populares aspiran también así a retratar las dificultades parlamentarias del PSOE. Tanto es así que Alberto Núñez Feijóo -sabedor tanto como Sánchez de que cualquier fórmula intervencionista en el mercado de la vivienda despertará recelos en PNV y Junts, como ocurrió con el gravamen energético- intenta pactar su propio plan de vivienda con ellos.

Reclamar un pacto de Estado en cualquier materia a estas alturas resulta más que quimérico. Al menos, unos y otros deberían esforzarse en procurar contener sus instintos partidistas y preservar el derecho al acceso a una vivienda digna con propuestas ajenas al pernicioso campo de batalla político.