A diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, el permiso otorgado por el Ayuntamiento tiene condiciones. Tanto Iberdrola como Energías deben respetar una treintena de normas a la hora de llevar a cabo las obras, cuestiones que afecta a cómo se deben planificar y ejecutar para causar el menor número de molestias posibles a los vecinos y al resto de la ciudad. 

Por ejemplo, en aquellos casos en que se prevean cortes de tráfico o actuaciones que produzcan interferencias en el mismo, la empresa debe comunicarlo a la Policía Local y a las Concejalías de obras e infraestructuras «con 72 horas de antelación, como mínimo». Si el corte de la calle es completo, el plazo se amplía a una semana y si la calzada tiene dos carriles, hay que dejar uno libre para la circulación de vehículos y terminar la obra en «un máximo de 20 días».

Si se producen cortes en los accesos a garajes, también están obligadas a avisar a los propietarios «con una antelación mínima de una semana, mediante cartel perfectamente visible, comunicando fecha exacta de corte del acceso y duración prevista y un teléfono de contacto de la empresa».

No abrir al mismo tiempo calles contiguas, señalización diurna y nocturna, no tener abiertos más de tres tajos de un máximo 50m o comunicar a todas las empresas distribuidoras de servicios mediante canalizaciones subterráneas que se está trabajando en su zona son otras de las exigencias marcadas por el Ayuntamiento, que también exige que el plazo máximo desde la apertura de la zanja a la terminación de la pavimentación (incluso la señalización horizontal) sea de 7 días.

Hay que tener en cuenta que la concesión se ha otorgado por un plazo de duración de 50 años sin posibilidad de prórroga, por lo que el Ayuntamiento también exige que reparen los deterioros que se puedan producir.

Y es que la concesión demanial también recoge un régimen sancionador, ya que otorga al Ayuntamiento el derecho a «realizar inspecciones» y «ordenar al concesionario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el correcto funcionamiento de la explotación».

De hecho, se establecen multas que van desde los 1.000 a los 100.000 euros e, incluso, la resolución de la concesión. Así, serán infracciones leves las irregularidades que no causen un perjuicio directo de carácter económico; serán graves cuando exista reiteración de sanciones leves, esté causando la depreciación del dominio público, no facilite la información requerida o actúe sobre una calle no incluida en el listado del permiso. Y serán infracciones muy graves la reiteración de graves, no usar la red o negar su acceso a otras empresas o si causa graves alteraciones.

Todo esto se detraerá de la garantía definitiva que tienen que abonar las empresas, 2.561.851 euros en el caso de Iberdrola y 1.404.209,76 euros en el de Eco Energías. 

Un proceso «complejo». El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, reconoce que ordenar las redes de calor ha sido «un proceso muy complejo». «No existe una regulación sectorial en España y hemos confeccionado una que hemos creemos coherente. Así lo han creído también las dos empresas, que han aprobado el pliego de condiciones», añade.

Pese a todo, opina también que todo el proceso falló desde el principio. «No creemos que esta sea la mejor solución. Para nada. Hubiera sido mejor sacar un concurso público con las zonas de la ciudad por las que desplegar la red de calor desde un punto de vista urbanístico a partir de ver en qué zonas se concentran más calderas comunitarias, que son las que es necesario sustituir porque son muy contaminantes. Una vez elegidas esas zonas se tendría que haber concedido el despliegue a una empresa pública, como Somacyl, o haber sacado un concurso público para adjudicárselo a una privada. Así se ha hecho en León y Burgos, respectivamente», comenta el edil de Urbanismo.

«Sin embargo, solo hemos podido arreglar el desaguisado que nos encontramos porque de otra forma podríamos habernos enfrentado a una reclamación patrimonial por parte de la empresa Eco Energías de 30 millones, tanto como ha invertido. Es más que la calle Jardines», sentencia Bilbao.