La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos hombres de 48 y 54 años y nacionalidad española como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico, tras haber realizado y promovido trabajos con maquinaria pesada en una finca propiedad de la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña en la que se ubica un yacimiento romano con más de 2.000 años de antigüedad.
Los hechos, que adelantó Diario Palentino la pasada semana y han tenido una gran repercusión a nivel mediático tanto dentro como fuera de las fronteras de la provincia, se produjeron el pasado domingo 23 de febrero. Fue ese día cuando se empleo maquinaria pesada (un buldócer, concretamente), para roturar unas tierras donde se iban a plantar árboles al calor de un proyecto europeo ligado a la captación de CO2.
Por otro lado, la Benemérita confirma, como ya avanzó este periódico, que se trata de un Bien Integrante del Patrimonio Cultural (BIPC) y, como tal, las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros. En este punto, el Instituto Armado aclara que esta figura de protección obliga a que «cualquier actuación que no sea la agricultura o ganadería tradicional, y que tenga incidencia sobre los yacimientos, debe someterse al dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural».
Fue durante los días sucesivos cuando los agentes de la Guardia Civil pudiendo determinar que los trabajos realizados no tenían autorización y que, efectivamente, la parcela donde se realizaron los trabajos goza de un nivel de protección patrimonial. Concretamente, está declarado en las Normas Urbanísticas como «enclave arqueológico» en «suelo rústico de protección cultural».
EN LAS CORTES CON EL PSOE
Por otro lado, los procuradores socialistas por Palencia en las Cortes, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, han solicitado información sobre los «graves» daños ocasionados. Tras conocerse los destrozos, desde las filas socialistas se quiere conocer en qué han consistido las acciones que han provocado esta destrucción y el estado en que ha quedado el yacimiento.
En su batería de preguntas, los parlamentarios socialistas demandan también datos sobre quiénes han sido los responsables y con qué sistemas de protección física contaba el yacimiento. En concreto, si contaba con cerramientos, señalización, supervisión por parte de personal de la Junta o de otras administraciones. «Sabemos que no hay supervisión ni vallado, y por eso queremos que se nos dé explicaciones y se pongan manos a la obra para proteger el yacimiento», reitera Guerrero en declaraciones a DP.
Para evitar nuevos expolios, el PSOE pregunta a la Junta sobre las acciones a realizar para preservar «con eficacia» la integridad del resto del yacimiento y las actuaciones administrativas o penales que deberían emprenderse. «Es un desastre arqueológico. Me parece muy bien que el consejero Santonja se eche las manos a la cabeza, pero tiene que hacer algo más y garantizar que este tipo de cosas no pasen», añade Jesús Guerrero. A renglón seguido, el procurador advierte que se «repite la misma historia» que el pasado año en Pintia (Valladolid), en una ciudad vaccea «muy reconocida».
Según sea la respuesta que obtengan los procuradores de estas preguntas dirigidas a Cultura, así seran las futuras medidas que puedan emprender como, por ejemplo, la defensa de una Proposición No de Ley (PNL). Con ella se pretende «garantizar seguridad de vigilancia y vallado físicos de los principales yacimientos», concluye Guerrero.