El humo de una de las fogatas prendidas en un barril oxidado para hacer frente al frío de la noche se va disipando con las primeras luces del alba. Han vuelto a dormir a la intemperie en el campamento del monte Gurugú, donde multitud de subsaharianos permanecen hacinados en condiciones inhumanas. Llevan semanas esperando la señal para tratar de saltar esa valla que separa el infierno de su sueño de progreso y porvenir. Ha llegado la hora. Un chivatazo les confirma que la guardia fronteriza marroquí no controlará el paso durante la mañana. Harán de nuevo la vista gorda. Es su forma diplomática de presionar a España. Hay vía libre y el boca a boca corre como la pólvora entre los numerosos corrillos que no quieren desaprovechar la oportunidad que les concede la estrategia alauita de brazos caídos. Cerca de 2.500 inmigrantes se organizan para llevar a cabo un salto masivo sin precedentes. Preparan sus garfios y ajustan tornillos en sus zapatillas para que su frenética escalada sea más rápida y sencilla.
La avalancha es incontrolable, desproporcionada. El sonido de las sirenas se entremezcla con el de los disparos disuasorios y el choque de las piedras contra los escudos de los antidisturbios, pero ni Policía ni Guardia Civil consiguen controlar la situación. No dan abasto. Las carreras son constantes y algunos inmigrantes permanecen colgados, bloqueados en la parte superior del cercado metálico, esperando su momento.
El daño está hecho. Mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se emplean a fondo para que no accedan más, un nutrido grupo, conformado por centenares, abre un agujero en uno de los flancos menos protegidos por el que pasan sin ningún control, dispersándose por las calles como alma que lleva el diablo. Algunos, exhaustos, se ponen de rodillas, no tienen fuerzas para continuar y son ayudados por sus compañeros que los arrastran hasta el CETI. Es dos de marzo y Melilla sufre el peor salto a la valla de su historia, una pesadilla que continuará durante varios días ante la permisividad de la policía de Mohamed VI. No es la primera vez que sucede algo similar. Ceuta ya lo vivió en el mes de mayo del pasado año, cuando miles de personas accedieron a la ciudad autónoma a nado o a pie por los espigones de Benzú y del Tarajal, sorteando las rocas para llegar a suelo español. 
Los órdagos de Rabat a Madrid han sido una constante. Las tensiones aumentaron con la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a Logroño y bajo identidad falsa, para ser tratado de COVID. Este hecho, como apuntó la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, fue la gota que colmó el vaso y tendría «consecuencias». Ghali es considerado por Marruecos como el enemigo público número uno, al erigirse en el impulsor desde la década de los 60 de los movimientos de autodeterminación.
La salida de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no fue suficiente para el país vecino, que siguió con las presiones de abrir el grifo de los flujos migratorios, lo que ha empujado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera un giro de 180 grados y mandara al rey de Marruecos una misiva, que hay voces que tildan de traición o sumisión, en la que apuesta por el plan de autonomía para el Sáhara Occidental elaborado por Rabat como «la base más seria y realista» para lograr una solución al conflicto en este territorio. Con la oposición de todos los grupos parlamentarios, incluidos sus socios de Gobierno y miembros de su propio partido, Sánchez renunciaba a la posición histórica de España en este asunto y, acercándose a los postulados geoestratégicos de EEUU, Francia y Alemania, dejaba el futuro de los saharauis en manos de Marruecos. ¿Realpolitik? 
La nueva postura de España tampoco le ha gustado a Argelia, por el viraje de la política exterior y por no haberles avisado previamente, algo que algunos analistas ya sugieren que influirá tanto en el coste como en el abastecimiento de gas, más comprometidos que nunca debido a la crisis desatada por la invasión rusa de Ucrania.
Rabat no ha escondido nunca la pretensión de hacer suyas Ceuta y Melilla, así como el control de las aguas próximas a las islas Canarias, pero el cambio de estrategia de España con el Sáhara podría conllevar -eso se ha querido vender- que esa vieja aspiración se congele, aunque hoy no haya ningún compromiso firme rubricado en un documento. También existe otra derivada que preocupa y que ha podido incitar al Ejecutivo a remitir la controvertida misiva: la labor de detección y control de terroristas islamistas por parte del país vecino, una cuestión fundamental para salvaguardar la seguridad en territorio patrio y, por ende, de la propia UE. 
El Gobierno ha actuado de manera unilateral con respecto a la posición española del Sáhara Occidental, un problema heredado del siglo XX que nadie ha sido capaz de solucionar. El tiempo dirá si Marruecos abandona su chantaje, desiste de Ceuta y Melilla, controla la frontera y evita que las crisis diplomáticas se transformen de nuevo en dramas humanitarios. Ahí están las dudas.