El conflicto legal entre la Diputación y el Ayuntamiento de la capital por el derecho de superficie del parque de bomberos continúa sin resolverse. La disputa, que se remonta al 7 de marzo de 2024, cuando la institución provincial dio luz verde al ejercicio de acciones judiciales, derivó en una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el 20 de junio. Este caso sigue pendiente tras la suspensión de la vista en dos ocasiones, y se espera que el juicio se celebre en febrero o marzo de este año.

La institución provincial argumenta en su demanda «la inejecución e incumplimiento por el Ayuntamiento del acuerdo plenario adoptado, por unanimidad, el 6 de octubre de 1981». Aquel día, el Consistorio aprobó «la constitución del derecho de superficie sobre la parcela de propiedad municipal de una extensión de 1.891,26 m² (...) en la que se construyó el parque de bomberos provincial (sic.) a favor de la Diputación, previas las operaciones de división o segregación que fueran precisas a tal fin, (...) sin perjuicio de las indemnizaciones resarcitorias que por daños y perjuicios proceda exigir».

Para entender la exigencia de la administración provincial al Ayuntamiento, hay que remontarse a un año antes de octubre de 1981. En aquel momento, ambas instituciones, para garantizar la prestación de un «servicio provincial», llegaron a un acuerdo por el cual la Diputación se comprometía a construir un parque contra incendios en un solar municipal ubicado en el polígono Nuestra Señora de los Ángeles, en la capital. Con cargo a su presupuesto, la institución provincial gastó 55.000.000 de pesetas en la construcción del edificio y otros 10.000.000 en la compra de un camión autoescala.

A cambio, el Ayuntamiento acordó la constitución de un derecho de superficie a favor de la Diputación sobre dicha parcela durante un plazo de 75 años. Esto significa que el Consistorio cedería a la institución provincial la potestad de usar ese suelo y lo construido en él, es decir, el parque de bomberos, como si fuese su propietario.

Sin embargo, ese acuerdo plenario nunca se materializó. Aunque la Diputación ha requerido en diversas ocasiones el cumplimiento de ese acuerdo (1984, 1987, 1988, 2017 y 2021), no ha sido hasta ahora que ha llevado el asunto al Juzgado, al considerar que se ha roto «la colaboración institucional» que permitió «la continuidad de la prestación del servicio por cada una de las administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias».

La colaboración histórica entre el Ayuntamiento y la Diputación, que permitió que el Sepeis capitalino prestase servicio en los pueblos del alfoz, quedó rota durante el anterior mandato, cuando el Consistorio rechazó la firma de un nuevo convenio en enero de 2022, bajo el gobierno del PP y Cs. Esta ruptura ha continuado con el gobierno socialista.

La última propuesta de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, a la alcaldesa Miriam Andrés consistió en firmar un convenio en materia de extinción de incendios por un desembolso de 305.000 euros por 21 actuaciones, un 50% más que el anterior acuerdo entre ambas instituciones. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó la propuesta, argumentando que no está obligado a firmar un convenio en los términos planteados por la Diputación. El Consistorio ha recalcado que no tiene problemas de medios económicos ni humanos para atender las necesidades de la ciudad, pero no puede sobredimensionar la plantilla para asumir competencias que corresponden a otra administración.

El juez será quien decida el desenlace de este conflicto.