La crisis arancelaria abierta con Estados Unidos, agravada ya por los vaivenes de la política comercial de Donald Trump, ha colocado a miles de empresas españolas en una posición delicada. La tesitura no es buena, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha dado prisa en aprobar un real decreto ley que, a juicio del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no es más que «un parche» con «carencias de fondo y de forma».
La respuesta del Gobierno, centrada en préstamos y avales, parece que pretende ganar tiempo y votos, pero no resuelve el núcleo del problema, que no es otro que la falta de un plan estructural para mejorar la competitividad y proteger a los sectores exportadores. Feijóo, que ha mantenido hasta ahora un tono negociador pese a su creciente escepticismo, advierte que el decreto ignora las propuestas del PP, entre ellas un fondo de ayudas, rebajas fiscales y medidas para reducir el coste energético. Aun así, su partido no ha roto el diálogo. La vía está abierta, pero cada vez se estrecha más.
Sin embargo, lo que eleva la tensión no es solo el contenido técnico del decreto, sino lo que Feijóo describe como una «negociación encubierta con el separatismo». La polémica disposición adicional segunda, cuyo alcance no ha sido desmentido por el Ejecutivo, podría introducir criterios territoriales en el reparto de ayudas. Y es que, de los 14.100 millones de euros recogidos en el paquete de ayudas del decreto-ley, Cataluña recibirá el 25 %, algo más de 3.000 millones. Un peligroso gesto destinado, según el PP, a contentar a Junts y asegurar su apoyo parlamentario, aunque eso implique condicionar recursos nacionales al juego de alianzas políticas.
El líder popular ha sido explícito y ha recalcado que «las empresas afectadas son las empresas españolas, actúen en el territorio que actúen». No se puede repartir la respuesta a una crisis nacional bajo criterios de equilibrio parlamentario. Si se confirma que el Gobierno vincula las ayudas a apoyos políticos —y no a criterios técnicos o económicos—, el precio de la legislatura habrá entrado en una nueva zona, más oscura y peligrosa incluso para un Pedro Sánchez ya demasiado acostumbrado a sobrevivir a dudosos pactos.
Feijóo ha encontrado en Bruselas no solo un altavoz, sino también un respaldo indirecto. Tras reunirse con Von der Leyen, ha enmarcado sus propuestas dentro de una estrategia europea. Simplificación administrativa, soberanía energética y defensa del libre comercio son sus puntales. Mientras el Gobierno intenta cerrar su mayoría en el Congreso, el PP se proyecta hacia Europa. Es una apuesta política, sí. Pero también una forma de marcar contraste frente a la urgencia táctica de otros.