La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pidió hoy a la ministra de Igualdad, Ana Redondo que "en lugar de venir a Castilla y León a dar lecciones de moralidad, explique y aclare de forma urgente lo que está pasando con los puntos violeta y ponga todos los medios precisos para que lo que está pasando no vuelva a ocurrir".

Para Blanco, es imprescindible "trabajar todos unidos de una ,manera clara y transparente", y censuró que la ministra no se pronuncie sobre las informaciones que apuntan a que la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, y su mujer, Elisabeth García, han obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta.

Para la vicepresidenta, esa situación "va en detrimento de las mujeres más vulnerables, víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales que necesitan ayuda". "Es importante pedirle a la ministra que en lugar de venir a moralizar y a dar lecciones a esta Comunidad, explique lo que está pasando", apuntó.

Cuestionada sobre si la ruptura del pacto de Gobierno entre PP y Vox cierra la puerta a la aprobación de la Ley de Violencia Intrafamiliar en Castilla y León, citó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que recalcó que "las iniciativas se tendrán que ir viendo de una en una dentro del trabajo de las Cortes de Castilla y León".

En ese sentido, expuso que la normativa autonómica "está en tramitación", si bien "hay que adaptarla a la normativa nacional" al respecto. "La ministra nos mandó una nota la pasada semana diciendo que habían aprobado un decreto para víctimas de agresiones sexuales como desarrollo de esa ley nacional; han tardado un año y ocho meses en aprobar este decreto. Pedimos celeridad al Gobierno en desarrollar su normativa para poder trasponerla", defendió.

Además recalcó que "las leyes no pueden entrar en colisión", y defendió que "Castilla y León tiene una de las leyes de violencia de género más avanzadas del país", y que a su juicio "sigue siendo tontamente vigente, puntera y adaptada al pacto de Estado. En ese sentido, recordó que el propio pacto de Estado se basó en la Ley de Castilla y León, que "fue pionera en muchos aspectos", puesto que incorporaba ya previo al Congreso de Estambul la consideración de las victimas de agresiones sexuales como víctimas de violencia de género.