La geopolítica, principalmente por el derrocamiento del régimen de Bashar al Asad en Siria y sus repercusiones internacionales, han tapado, de momento, el debate sobre la conveniencia o no del acuerdo alcanzado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Montevideo, de abrirse a uno de los mercados emergentes más importantes del mundo como es Mercosur. De entrada, se crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de personas, donde España juega un papel fundamental por sus lazos culturales, su cercanía con el continente sudamericano y la oportunidad económica de la UE de tejer aliados más allá de los socios tradicionales.

En nuestro continente, el rechazo frontal de Francia alerta de las incertidumbres e incógnitas que pueden generar a los intereses agrícolas. París, que en este cuarto de siglo de negociaciones se ha opuesto desde sus orígenes, buscará la manera de volver a vetar el compromiso firmado por el Ejecutivo europeo si logra la complicidad de Italia y de otras potencias para que el Consejo Europeo eche abajo este principio de acuerdo. La salvaguarda y el proteccionismo de la agricultura gala siempre ha sido una condición en la integración europea. La Política Agraria Común (PAC) fue el fruto de las exigencias francesas para la construcción de la UE que, nuevamente, ahora, en el marco de unas negociaciones de ampliación comercial y de acceso a los productos industriales europeos en los países de Mercosur y a los agropecuarios sudamericanos en Europa, suma en ese veto a otros países y a los agricultores españoles.

España, principal instigador de este complejo proceso, ha impulsado esta alianza en contra de la posición de las organizaciones agrarias que vuelven a denunciar la competencia desleal de productos agrícolas de fuera de la Unión Europea, en materia medioambiental y exigencias sanitarias. Aunque este tratado impone salvaguardias importantes, como el sistema de cuotas, los productos fuera de temporada y el cumplimiento contra la deforestación, entre otros, el campo ve una nueva vuelta de rosca a un sector ya de por sí clama contra el mercado global. Regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León o La Rioja, donde buena parte del PIB regional se sustenta en el sector agrario, ven más inconvenientes que oportunidades en este acuerdo que por muy trabajado que estuviera, se ha firmado sin la participación debida. Y al contrario que en el caso francés, el Gobierno español habla de las bondades en términos generales, a sabiendas de la oposición del campo dando a entender que las preferencias van más encaminadas a abrir más las oportunidades a la industria en nuevos mercados que a proteger los productos agrícolas españoles.