El auto del juez Hurtado en el que explica su decisión de citar a declarar ente el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, al teniente fiscal -nuevo imputado- y a la fiscal jefe provincial de Madrid, es demoledor. Más aún: se trata de todo un golpe en la crisma a la más alta autoridad de la Fiscalía.

La descripción del juez Hurtado sobre el papel de García Ortiz en la filtración de datos personales del novio de Isabel Ayuso, deja poco espacio para la duda. En lenguaje coloquial cualquiera que lea el auto llega a la conclusión de que el FGE tiene poca escapatoria, aunque será el tribunal el que pronuncie la última palabra.

Una vez conocido el auto, es más que probable que desde Moncloa y sus terminales mediáticas se potencie la campaña de descrédito hacia quienes han osado en poner en duda la honorabilidad no solo de García Ortiz, sino del propio presidente de gobierno. Fue Sánchez quien le nombró a pesar de las señales de alerta que aconsejaban que no promoviera a quien era el hombre de confianza de la anterior Fiscal General y ex ministra de Justicia Dolores Delgado y después consideraron ilegales algunos nombramientos que hizo el Fiscal General.

Más tarde, ante la noticia "golosa" de que Alberto González Amador había sido pillado en falta, en posible fraude fiscal, García Ortiz no dudó en encabezar la operación de hacer llegar esa información a los medios de comunicación; aunque estaba obligado a saber, mejor que nadie, que filtrar ese tipo de información era delito.

Como bien describe el auto del juez Hurtado, implicó a presidencia del gobierno en la "operación filtraje", y si se salvó Juan Lobato de acabar imputado fue porque estudió Derecho, su padre es un conocido abogado, y los dos se dieron cuenta de inmediato que solo podría evitar ser imputado si acudía de inmediato a un notario para que levantara acta de las llamadas y mensajes que estaba recibiendo para que denunciara en el parlamento madrileño el fraude a Hacienda que podría haber cometido González Amador.

El auto no entra en historias sobre si el inquietante asunto es producto de un invento maquiavélico del jefe de gabinete de Ayuso, sino que el juez destaca las investigaciones de la UCO y su aportación de pruebas; destacando la imparcialidad con la que trabaja esa Unidad de la Guardia Civil que "ha venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal" en otras causas en las que ha utilizado sus informes para mantener sus tesis acusatorias.

El auto es brutal para Ortiz, pero es poco probable que el gobierno y el Fiscal General asuman los hechos que recoge tan detalladamente el juez Hurtado. Como han venido haciendo hasta ahora, denunciarán que son víctimas de una oscura operación para expulsar a Pedro Sánchez de Moncloa.

Un lugar, Moncloa, donde un equipo trabaja para salvar al soldado Sánchez de los casos de corrupción que le rodean. Corrupción dineraria y, sobre todo, moral.