Castilla y León estudia un recurso por una posible invasión de competencias ante la medida «improvisada e impuesta» por parte del Gobierno central sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros de salud ante el incremento de enfermedades respiratorias, como confirmó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que también señaló que desde el Gobierno regional se ha hecho pública la orden del Ministerio de Sanidad y las mascarillas ya son obligatorios en centros sociosanitarios desde el miércoles por la tarde. Fernández Carriedo se refirió de este modo a una de las autorizaciones realizadas ayer por el Consejo de Gobierno, desde donde se permitió dar publicidad de esta orden que ya está en vigor y que hoy se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

No obstante, Fernández Carriedo insistió en que la Junta defiende la recomendación del uso de mascarillas no sólo en centros sanitarios, sino en todos aquellos casos en la que los ciudadanos tengan síntomas de una enfermedad respiratoria. «Nuestra recomendación es que si tiene síntomas sanitarios lo lleve y que especialmente en las residencias de personas mayores, nuestro llamamiento es que, aunque exclusivamente la obligatoriedad se deriva para los centros sanitarios, se haga extensiva esa recomendación de todas las medidas, no solamente las medidas de mascarilla, sino el resto de las medidas de protección», relató en declaraciones recogidas por Europa Press.

De este modo, Fernández Carriedo defendió que en Castilla y León ya ha comenzado la fase de descenso tras el pico de enfermedades respiratorias vivido durante semanas anteriores, aunque sí reconoció que «hay que estar especialmente vigilantes». «Nos parece que estas medidas que suenan a improvisación y a imposición pues lógicamente tienen que ponerse en el contexto de seguir garantizando la protección en todo el ámbito de las relaciones sociales», señaló, tras lo que volvió a insistir en la importancia de la vacunación.

De este modo, explicó que la posición de Castilla y León en este ámbito es «muy clara» y se basa en la búsqueda de acuerdo en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud, al tiempo que señaló que ahora serán los servicios jurídicos los que analicen si interponen un recurso contra la orden del ministerio por una posible invasión de competencias. «Si alguna de las competencias de la Junta de Castilla y León puede verse vulnerada nuestro interés será siempre defender la posición de nuestra Comunidad Autónoma», dijo.

Además, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió que Castilla y León ha sido previsora en cuanto a la adopción de medidas para afrontar el incremento de enfermedades respiratorias como ha sido la contratación de 800 facultativos y la habilitación de 155 camas hospitalarias. De este modo, insistió en que la índice de prevalencia de este tipo de patologías es similar al de los años previos a la pandemia en la Comunidad.