El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a través de la Abogacía del Estado, remitió el pasado 8 de febrero un escrito al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional en el que se opone a la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción de paralizar las obras de Línea de Alta Velocidad (LAV) de Palencia-Aguilar de Campoo, en el tramo Palencia-Palencia Norte, que actualmente se están ejecutando en la ciudad. Entiende que no se producirá "ningún perjuicio irreversible o de difícil reversibilidad" y estima en 2,55 millones el coste de la supresión de los trabajos.
Según informó hoy la organización ecologista, el escrito de oposición se sustenta en cuatro alegaciones que argumentan la "falta de legitimidad" de la asociación ecologista para solicitar esta medida cautelar y pone de manifiesto la postura "ausente" del Ayuntamiento al que considera el único sujeto que estaría legitimado para ello al defender el interés general de Palencia.
También, según Ecologistas, el abogado del Estado argumenta que al Ayuntamiento le fueron comunicados en octubre de 2021 una serie de documentos que contenían la información relevante y suficiente del proyecto de construcción, que incluía los planos con la integración de la plataforma proyectada en la ciudad de Palencia y que pudo hacer las alegaciones que tuviera por conveniente sobre dichos planos. Además, señala que "se obvió y ocultó toda esta información provocando una indefensión manifiesta de la ciudadanía", porque no se cumplirán los estudios informativos de 2010 y 2018.
En cuanto al fondo de la demanda sobre el proyecto de ejecución de las obras del tramo Palencia-Palencia Norte, expone
que no se producirá "ningún perjuicio irreversible o de difícil reversibilidad" y que no existen efectos ambientales significativos. Sin embargo, el informe que acompaña a la demanda firmado por los arquitectos de la Asociación en Defensa del Soterramiento se indica que el perjuicio para la ciudad será "irreversible" y que la modificación del proyecto supone un cambio sustancial que requiere de un nuevo estudio de impacto ambiental.
Ecologistas en Acción considera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento debe dejar la "ambigüedad" y defender los intereses de la ciudad "con más decisión y menos excusas". "Parece absurdo gastar más de 10.000 euros de dinero municipal en un dictamen de un catedrático de derecho para luego escudarse en el miedo y las dudas para evitar tomar una decisión coherente en defensa del interés municipal. Si desde el primer momento se tiene claro desde el equipo de gobierno que no es conveniente un enfrentamiento contra ADIF-AV, por respeto a la ciudadanía, en este asunto no se debería haber gastado ni un euro", concluyó.