El tema migratorio ha pasado a ser un asunto central en las políticas del canciller germano, Olaf Scholz, especialmente tras el atentado en la ciudad de Solingen de finales de agosto y tras el auge de la ultraderecha en las elecciones regionales de Sajonia y Turingia. 

Por eso, a partir de hoy, Alemania comienza a aplicar controles mucho más estrictos en todas sus fronteras terrestres de manera temporal, a fin de reducir las llegadas irregulares que puedan poner en peligro la seguridad de la nación. Lo hará pese al rechazo de sus países vecinos y en medio de las acusaciones de que la medida asesta un duro golpe al espacio europeo Schengen de libre circulación.

Las restricciones «flexibles y en función de las exigencias de seguridad» se llevarán a cabo en las líneas divisorias del país centroeuropeo con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos seis meses, que se sumarán a las ya existentes en los límites con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.

«La migración irregular no es lo que queremos», defendió Scholz en un acto en el estado federado de Brandeburgo, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas de cara a los comicios del próximo domingo. 

Precisamente, la coalición del canciller está bajo presión ante el auge de los ultras y una oposición democristiana que insiste en el rechazo generalizado de solicitantes de asilo en las fronteras germanas.

Berlín quiere «reducir aún más la migración irregular, arrestar a los contrabandistas e identificar y detener a los islamistas en una etapa temprana», afirmó por su parte la ministra del Interior, Nancy Faeser. 

Alemania alega que los controles en las fronteras interiores con Polonia, República Checa, Austria y Suiza, en vigor desde octubre de 2023, demuestran la eficacia, pues han permitido rechazar a más de 30.000 personas que intentaron entrar de forma ilegal desde entonces.

Numerosas críticas

El Ejecutivo de Scholz se esfuerza así por justificar su actuación tras las críticas de algunos vecinos. En este sentido, el canciller llamó el viernes pasado al primer ministro polaco, Donald Tusk, para asegurarle que la medida se ajusta al ordenamiento jurídico europeo.

No obstante, su homólogo calificó de «inaceptable» esta decisión y anunció consultas urgentes con los otros países afectados dentro de la Unión Europea. También el Gobierno austriaco anunció que no aceptaría a personas rechazadas en la frontera. «No hay margen de maniobra», afirmó.

En Hungría, el primer ministro, Viktor Orbán, conocido por su postura ultranacionalista y contrario a la inmigración, aplaudió la decisión germana, pero el titular de Gobernación, Gergely Gulyás, afirmó que Alemania ha destruido la zona de Schengen, primero en 2015, cuando permitió la entrada masiva de refugiados, y ahora con las nuevas restricciones en su límite.

Por el momento, la Comisión Europea no se ha pronunciado ante el temor de que estas medidas puedan provocar un efecto contagio en la UE y solo ha recordado que el Código de Fronteras permite a los Estados miembro introducir controles en situaciones de amenaza, siempre que se considere «necesario y proporcionado».